Después de una semana de un controvertido paro de camioneros, el que llegó a provocar desabastecimiento en algunas ciudades de Chile, los gremios de transportistas y el gobierno llegaron a un acuerdo para finalizar la protesta.
Aunque el asunto, que acaparó la atención del país, no parece haber quedado totalmente zanjado.
Al confirmar la suspensión de la protesta el 2 de septiembre, José Villagrán, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), advirtió que “vamos a seguir en estado de alerta y si el Gobierno no cumple con lo que hemos acordado, retomaremos la movilización”.
De modo general, el dirigente gremial dijo sobre el entendimiento que “vamos a restablecer el Estado de Derecho, que no se quemen más camiones, que de una vez por todas las policías hagan el trabajo como corresponde y que encuentren a los terroristas, a los narcotraficantes, a los delincuentes”.
Asimismo, expresó en tono perentorio que “tienen que firmar este acuerdo el Presidente de la República, la Presidenta del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el señor Ministro del Interior”, y sentenció que “todas las peticiones tienen plazo, y ese plazo lo ha puesto el Gobierno; por lo tanto, el Ejecutivo tiene que cumplir los plazos”.
La falta de claridad sobre lo acordado llamó la atención de analistas y medios de prensa, aunque luego se conoció que las concesiones comprenden una larga lista de puntos.
Estos incluyen una inversión de cinco mil 600 millones de pesos (cerca de ocho millones de dólares) para reforzar la infraestructura policial en la zona sur del país, y analizar con las empresas concesionarias de las carreteras mejoras sustanciales a las tarifas de circulación para los transportistas.
También se prevé apoyar a las familias de los conductores que fallezcan o resulten con invalidez total o parcial producto de delitos “terroristas”, con el otorgamiento, incluso, de pensiones de gracia para los afectados y becas de estudio a sus hijos y establecer un fondo de reparación para las víctimas de la violencia en la zona sur, destinado a los conductores y dueños de camiones.
Los sustanciosos beneficios llevaron al senador Felipe Harboe, a calificar de “escandaloso” el acuerdo, y advirtió en su cuenta de Twitter que a los transportistas se les pagarán los camiones quemados, el diferencial de sueldo entre seguro de cesantía y el del contrato, y se preguntó si eso mismo se hará con las víctimas de otros delitos.
Sin embargo, quedó en una nebulosa lo que parecía ser la principal demanda de los gremios, de que el Parlamento apruebe con urgencia un paquete de 13 leyes, impulsadas por el Ejecutivo, que no han salido adelante porque son vistas con ojeriza en sectores sociales y políticos por sus potenciales efectos en el aumento de la represión y la violación de los derechos ciudadanos.
Entre ellas aparecen las de modernización de Carabineros y la Policía de Investigaciones, la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia, una Ley antiterrorista, otra que implica al ejército en la protección de “infraestructura crítica”, la que endurece las penas para quienes atenten contra la vida de choferes y equipos de transporte y una sobre control de armas.
Sin embargo, queda por ver qué actitud asumirá el Parlamento, pues desde el principio del paro las bancadas de oposición rechazaron las presiones, e incluso la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, expresó de forma tajante que en medio de la crisis sanitaria que enfrenta el país es imposible cambiar la agenda legislativa para satisfacer a la CNTC y menos bajo la presión de un paro nacional si no se cumplen esas exigencias.
Pero tras conocerse el acuerdo, lo primero que hizo Sebastián Piñera en un acto público fue emplazar al Parlamento a aprobar con celeridad estos proyectos, que calificó de “indispensables para luchar con mayor eficacia contra la violencia, la delincuencia y el terrorismo, y dar más tranquilidad a los hogares chilenos y más seguridad al orden público”.
El Mandatario apenas mencionó los problemas de desabastecimiento que el paro ya estaba ocasionando en varias ciudades y, en cambio, dijo que “entendemos y apoyamos las manifestaciones pacíficas que han hecho para expresar sus necesidades y sus inquietudes” las cuales, señaló, son absolutamente compartidas por el Gobierno.
Muchos se preguntan si los camioneros volverán al paro como prometieron, en caso de no cumplirse los acuerdos, mientras también aumenta la percepción de que la protesta fue, sobre todo, una especie de confabulación entre el gobierno y los poderosos gremios del transporte, tradicionalmente identificados con la extrema derecha, para forzar al Parlamento a aprobar esas leyes que La Moneda desea encarecidamente poner en marcha.
Pero mientras, aunque el acuerdo pareció calmar tensiones, los partidos de oposición mantienen su decisión de establecer una acusación constitucional en contra del Ministro del Interior, Víctor Pérez, por su posición conciliatoria frente al paro.
En el país causó sorpresa y malestar que durante los siete días que coparon las carreteras, del 27 de agosto al 2 de septiembre, los huelguistas violaron sistemática e impunemente el toque de queda nacional y las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de COVID–19.
Incluso tras rechazar propuestas del gobierno aumentaron su presión, con interrupción del tránsito en las vías provocando desabastecimiento en ciudades del centro y sur del país y dificultades en el traslado de mercancías en los puertos, entre otros inconvenientes.
Sin embargo, el Ministro del Interior, al igual que otros personeros del gobierno incluyendo al Presidente, insistieron en el carácter “pacífico” de la protesta, e incluso defendieron la actuación de los huelguistas.
Desde la oposición no pasaron por alto tampoco el contraste entre la condescendencia mostrada hacia los transportistas, y la muy rápida actuación que caracteriza a los cuerpos policiales con el profuso empleo de gases, chorros de agua y perdigones, cuando se trata de manifestaciones populares.
El criterio que prima en las fuerzas de centro e izquierda para impulsar la acusación constitucional, es que hubo un grave abandono de deberes del Ministro del Interior y del gobierno, infringiendo la Constitución y la legislación, al no invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, y permitiendo acciones que resultaron casi sediciosas.
Por Rafael Calcines. El autor es periodista y Corresponsal de la Agencia Informativa Prensa Latina en Chile.
Santiago, 4 de septiembre 2020.
Crónica Digital / Prensa Latina.
