En una carrera contra reloj y una coyuntura incierta, cuando comienzan a surgir los primeros obstáculos, la mandataria y sus ministros dan señales de ansiedad cuando insisten que se están cumpliendo las promesas: «Palabra de mujer».
Las primeras las dio Bachelet el viernes pasado, cuando en un encuentro con ancianos en la Municipalidad de Copiapó, dijo que «en un mes hemos cumplido el 30 por ciento de las 36 medidas que prometimos para los primeros 100 días» de gobierno.
Enumeró entre ellos la rebaja a 60 años de la edad para acceder a la atención gratuita hospitalaria y el envío al Congreso de sendos proyectos que aumenta las pensiones mínimas, amplía la cobertura de las asistenciales y da rango de ministro a la autoridad medioambiental.
En esta arremetida también destacó la ampliación de los subsidios en el programa de bonificación a la contratación de jóvenes y el aumento de la dotación de soldados profesionales para las Fuerzas Armadas.
En este orden, se instalaron también Comisiones de expertos del gobierno y la oposición de derecha para proponer cambios a los sistemas previsionales y de elecciones, así como crear el Ministerio de Seguridad Pública.
No obstante, el primer mes de su gobierno no ha estado exento de complicaciones. A sólo dos días de asumir el mandato, su ministro del Interior, Andrés Zaldívar, debió enfrentar una crisis que desembocó en la renuncia de la gobernadora de Cautín, Solange Chesta.
A este episodio se sumó luego el errático anuncio de la ministra de Salud, María Soledad Barría, sobre la entrega masiva de la píldora del día después (anticonceptiva) y la también errónea designación de la directora del Instituto Nacional de Estadística, Mariana Schkolnik.
Las medidas de carácter social -que recibieron en un inicio un fuerte respaldo popular- encontraron también dificultades, cuando fueron condicionadas en el proyecto de ley a mantener en firme el Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) en el 19 por ciento.
Esta carga impositiva era de 18 y subió transitoriamente a 19 a propuestas del ex presidente Ricardo Lagos en 2004 para enfrentar programas sociales, pero con la promesa de bajarlo nuevamente a la cifra original en enero del 2007.
La movida ha causado fuerte controversia, incluso dentro de las propias filas de los partidos de gobierno, que la consideran innecesaria y compromete la promesa electoral de la mandataria de que no aumentaría los impuestos.
Para los economistas, los planes sociales comprometidos, que se estiman con un costo cercano a los 600 millones de dólares, pueden ser financiados perfectamente con los ingresos adicionales por los altos precios del cobre, que pueden llegar a los mil 500 millones este año.
El proyecto fue aprobado ya en la Cámara de Diputados, pero con fuertes cuestionamientos de congresistas de la coalición de gobierno y el rechazo en bloque de la oposición de derecha al capitulo que se refiere a mantenimiento del IVA en un 19 por ciento.
La integración de las comisiones, especialmente la de las reformas previsionales, tampoco fue bien recibida por sectores laborales y de la izquierda, pues estuvo integrada fundamentalmente por figuras del gobierno, de la extrema derecha opositora y los empresarios.
Según una encuesta del centro de estudios Adimak, publicada la pasada semana, Bachelet tenía un 52,6 por ciento de aprobación en las primeras tres semanas de gobierno, casi dos puntos porcentuales menos que el 54,4 por ciento que obtuvo en las presidenciales de enero.
Santiago de Chile, 10 de abril 2006
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