El jefe de la misión militar norteamericana en este país, coronel Daniel Barreto, motivó el repudio del presidente Evo Morales, por comunicar al jefe de las Fuerzas Armadas, general Wilfredo Vargas, el retiro del apoyo a la Fuerza Contraterrorista Conjunta (FCC) Chacha Puma, por el relevo del jefe y el subjefe de la misma.
La comunicación, condenada ayer por Morales como «chantaje, amedrentamiento e intimidación» inaceptables para un país pobre pero digno como Bolivia, indica que el próximo viernes el personal de la misión acudirá a la unidad a retirar armas y equipos.
En Cochabamba, sede de la unidad de élite, integrada por efectivos militares y policiales, el Jefe de Estado anunció haber tomado, junto al alto mando castrense, la decisión de no entregar ningún armamento a Estados Unidos.
No es posible que vengan fuerzas externas a intimidar, amedrentar, a cambiar comandantes; eso de cambiar ministros y de cambiar comandantes por presiones de Estados Unidos se acabó, manifestó el presidente.
Morales señaló además que su gobierno defenderá la soberanía y la dignidad nacionales y, en este caso, la de las Fuerzas Armadas.
El retiro de la asistencia norteamericana fue presentada por Barreto como una reacción ante el relevo del mando de la unidad «Chacha Puma», identificados por la prensa como el coronel Nelson Flores y el teniente coronel Rory Rodríguez, respectivamente.
La unidad saltó a la notoriedad en octubre pasado, al conocerse que sus efectivos, movilizados sin conocimiento del alto mando por sus jefes para un supuesto ejercicio, dieron cobertura al retiro de unos 40 misiles de las Fuerzas Armadas entregados a Estados Unidos.
El nuevo gobierno excluyó de la estructura de mando militar a los oficiales involucrados en esa entrega, por lo cual analistas castrenses estiman que el relevo de Flores y Rodríguez tuvo el mismo motivo, con el que estaría relacionada la reacción norteamericana.
En el caso de los misiles, el fiscal general, Pedro Gareca, anunció que esta semana presentará una acusación formal contra varios miembros y jefes militares del pasado gobierno de Eduardo Rodríguez, quien niega haber autorizado la entrega del armamento.
La imputación fue determinada tras un proceso de investigación abierto por una demanda presentada en diciembre pasado por el MAS e impulsada por Morales, entonces candidato presidencial.
La actitud gubernamental ante las presiones norteamericanas encontró apoyo en legisladores de diversas tendencias.
El jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, denunció que el norteamericano Barreto tiene oficina propia en el Estado Mayor del Ejército, situación que demandó termine.
El diputado Wilman Cardozo, del opositor Poder Democrático Social (Podemos), rechazó las imposiciones externas y destacó la pertinencia de que el Gobierno haga respetar la soberanía nacional y la dignidad de las Fuerzas Armadas.
Diversos medios de prensa consideran que la tensión impera en las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, pese a que el vicepresidente, Alvaro García, expresó la esperanza de que no sean afectados por el último incidente.
García dijo confiar en que este sea un asunto de niveles intermedios y sea corregido.
El pasado 22 de febrero, el gobierno norteamericano retiró la visa de entrada a su territorio a la senadora oficialista Leonilda Zurita, cercana a Morales, quien la defendió y pidió públicamente explicaciones que Estados Unidos no ha dado.
Washington ha reducido por otra parte fondos de asistencia militar a Bolivia, en represalia por la decisión del MAS de no ratificar un convenio de inmunidad para tropas norteamericanas en la Cámara de Diputados, donde el partido gobernante tiene mayoría.
La Paz, 7 de marzo 2006
Prensa Latina , 0, 95, 11