Organizaciones sociales y víctimas de la dictadura militar chilena reclaman hoy el fin de los privilegios concedidos a quienes están condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Un grupo de represores disfrutan de un régimen especial en el penal de Punta Peuco, ubicado en el norte de la Región Metropolitana de Santiago.
La legisladora por el Partido Comunista, María Candelaria Acevedo, dijo a Radio Universidad de Chile que debería tomarse una decisión política del Gobierno en tal sentido.
Agregó que ella y otros colegas conversaron con el ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre este y otros temas, tomando en cuenta las opiniones de la derecha y extrema derecha, quienes niegan los excesos cometidos durante la dictadura.
“Hoy encontramos a los republicanos hablando que en Chile nunca existieron los detenidos desaparecidos, los ejecutados ni los presos políticos”, dijo Acevedo.
La ahora diputada fue secuestrada junto a su hermano Galo el 9 de noviembre de 1983 por agentes del régimen y dos días después, ante la falta de noticias sobre ellos, su padre, Sebastián Acevedo, se inmoló en la Plaza de la Independencia de la ciudad de Concepción.
La dejaron en libertad poco después de este hecho y posteriormente fue de nuevo capturada y torturada en dos ocasiones.
Esta semana un grupo de parlamentarios de los partidos Socialista, Comunista y Demócrata Cristiano presentaron una moción en la Cámara de Diputados para trasladar a los reclusos de Punta Peuco a la cárcel de Colina I, empleada después del golpe como campo de presos políticos.
El diputado socialista Juan Santana dijo que esta acción sería un mensaje adecuado para los chilenos en el año del 50 aniversario de la sangrienta asonada del 11 de septiembre de 1973. Punta Peuco sería reacondicionado para recibir a mujeres detenidas que están embarazadas y otras con niños pequeños, necesitadas de una atención especial.
