GOBIERNO DISPUESTO A AVANZAR EN FUERO SINDICAL PARA EL MAGISTERIO

La aspiración histórica del Magisterio, que involucra a los dirigentes nacionales, regionales, provinciales y comunales, dormía en un proyecto de ley en el Parlamento. Durante la reunión, Andrade anunció su decisión de reestudiar el proyecto o formular otro, para lo cual encargará a sus equipos técnicos avanzar en una propuesta. Andrade, además, se comprometió a gestionar reuniones tripartitas entre el Colegio de Profesores, el Gobierno y parlamentarios, para definir conjuntamente una viabilidad para la propuesta.

El presidente de los profesores, Jorge Pavez dijo que “este compromiso abre la esperanza sobre un asunto que es muy sentido para nuestros colegas y sus dirigentes. Hasta el momento, la falta de fuero ha significado luchar por la dignidad del Magisterio en condiciones, muchas veces, precarias. Por eso, esperamos que el ministro avance en aquello que nos ha comprometido”.

Darío Vásquez, vicepresidente del Magisterio, planteó que “estamos esperanzados y queremos compartirlo con los profesores de todo Chile, porque el fuero sindical es una herramienta básica para la organización eficaz de los trabajadores. Los profesores hemos logrado pelear por nuestros derechos y favorecer la organización social, pero evidentemente para nuestros dirigentes supone una amenaza constante no poseer el fuero”.

Respecto a la negociación de los trabajadores del sector público, el ministro Andrade comprometió sus oficios para que el texto final del proyecto de ley represente, a cabalidad, el espíritu de lo acordado por el Gobierno con los 14 gremios del sector.

Santiago de Chile, 8 de diciembre 2006
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CONSEJO ASESOR PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN ¿PROPUESTA DE EQUIDAD?

Vie Dic 8 , 2006
Un 7 de Junio del año 2006, para calmar una crisis profunda en la educación, puesta en evidencia máxima por la ingeniosa y masiva movilización social protagonizada heroicamente por secundarias, cansadas de ser las protagonistas de una segmentada política educacional heredada por la dictadura y legitimada por la Concertación, la Presidenta Bachelet anunció la conformación de un Consejo Asesor Presidencial, cuya misión sería recomendar propuestas para mejorar la calidad de la educación en condiciones de equidad. Las 81 integrantes, (la mayoría escogidas a dedo) debían buscar una visión consensuada para superar esta crisis y mejorar la calidad educacional, comprendiendo que lo que aparentemente se pretendía, era incluir a las históricamente excluidas, tal como lo manifiesta el discurso de la Presidenta al inaugurarse este Consejo: «El Consejo debe buscar respuestas para mejorar la calidad de la educación que se o/rece en escuelas y liceos del país a todos los niños, niñas y jóvenes chilenos, con prescindencia de su origen socia4 económico y cultural ) ¿Qué ha pasado desde entonces? Los pocos actores sociales involucrados en este Consejo, nos coordinamos en un espacio denominado «Bloque social por la Educación», integrado por co-docentes, apoderadas, profesoras, secundarias y universitarias, siendo su propósito hasta hoy, articular propuestas desde el mundo social, analizar las posturas al interior del Consejo y tener una visión verdaderamente consensuada para generar propuestas equitativas sobre educación y planteadas con fuerza en este Consejo, a la par de comenzar a gestionar diversos congresos sociales en Chile, para que fueran los actores sociales vinculados al ámbito educacional quienes hicieran sus propuestas y no que se impusieran una vez más, desde arriba. Nosotras, las pocas actoras sociales insertas en la dinámica del Consejo, tuvimos que convencer al resto de los integrantes de esta gran panacea presidencial, que la LOCE es perversa, ilegítima, mal intencionada, unilateral, excluyente, autoritaria; que reprime el ejercicio de la democracia; que es verticalista, protectora del lucro, mercantilista, represiva, discriminadora, reproductora del modelo neoliberal y responsable de profundizar las desigualdades socioeconómicas; que ha sido la causante de convertir a los estudiantes en capital humano, viéndolos como valor agregado para su inserción en el mercado. «Mercado educativo, mercado de trabajo y mercado de consumo». Nuestra lucha fue por hacer ver que el Estado debía ocupar su lugar como garante del derecho a la Educación y no como actor subsidiario; que debía asegurar mecanismos de fiscalización y regulación en todo el sistema educacional, principalmente comprendiendo que en la educación no puede existir el lucro; y que debía asegurar un proyecto nacional de educación coherente y articulado con los principios y fines que deben guiar a la educación como derecho humano, sustentado en un proyecto discutido por la sociedad en su conjunto, como país que cree en el ejercicio de la democracia; que este Estado, tendría que asegurar espacios de participación democrática y transparente en todo el sistema educativo, para garantizar una educación como eje principal del ejercicio de este derecho; invertir fuertemente en recursos en el sistema público para compensar la segregación educacional […]

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