Los familiares de las víctimas acudieron al lugar para presentar una recusación contra el juez Víctor Montiglio por su decisión de conceder amnistía a varios connotados represores de la dictadura militar involucrados en el caso de Caravana de la Muerte.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, se declaró indignada por la actuación de las autoridades contra un grupo de personas, en su mayoría mujeres, «que lo único que reclaman es que se haga justicia».
En declaraciones a la Agencia de noticias Prensa Latina dijo que resulta inaceptable «que a estas alturas, cuando ya prima y está clara en el Poder Judicial la necesidad de aplicar la legislación internacional en casos de derechos humanos, se esté apelando al Decreto Ley de Amnistía».
Subrayó que esa normativa es espuria porque fue dictada por un delincuente como Augusto Pinochet con el claro propósito de proteger a los militares y obtener impunidad para sus crímenes.
Mientras tanto, un proyecto de ley que busca anular en el Congreso la ley de amnistía, presentado por un grupo de legisladores de la coalición de gobierno en la Cámara de Diputados, tuvo que ser derivado hacia el Senado por problemas de procedimiento.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, diputado Tucapel Jiménez, expresó su temor por la demora que tendrá la tramitación de la moción a causa de este inconveniente, pero expresó su confianza de que igual será apoyado en esa instancia parlamentaria.
«Confío en que diputados y senadores de la Concertación apoyen este proyecto, pero también tengo la esperanza que parlamentarios de la derecha declaren la nulidad de esta ley que ha sido nefasta para nuestro país», manifestó el legislador.
Por su parte, el diputado socialista Iván Paredes señaló que lo importante de la moción es que se genere un debate nacional sobre el tema, porque «no podemos seguir haciendo el ridículo internacional al aceptar que aquellos que cometieron crímenes se autoperdonen».
El decreto Ley de Amnistía fue aprobado por Pinochet en 1978 para proteger a los militares que participaron en las violentas represiones que siguieron al sangriento golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Para su derogación en el Congreso sólo se requiere que una mayoría simple -que la coalición gobernante posee en ambas cámaras-, vote a favor del proyecto de ley recién presentado, pero al no contar con el apoyo del gobierno puede que no consiga los votos necesarios.
Santiago de Chile, 20 de abril 2006
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