El recurso de apelación, patrocinada por la abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) Alejandra Arriaza, buscaba que el máximo tribunal ordenara la realización de un nuevo juicio contra los cuatro indígenas.
Juan y Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y Patricia Troncoso fueron condenados a 10 años de cárcel y el pago de unos 820 mil dólares de indemnización, acusados bajo la ley antiterrorista de haber dado fuego a dos predios de una firma forestal extranjera.
Los cuatro fueron sentenciados por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol -en el denominado caso Poluco/Pidenco- por la presunta quema en 2001 de un centenar de hectáreas de pinos de la forestal Mininco, asentada en territorios reclamados por los pueblos originarios.
El recurso presentado por la defensa considera incorrecta la aplicación de la ley antiterrorista -decretada por el ex dictador Augusto Pinochet para perseguir a sus opositores- contra líderes indígenas que reivindican sus derechos ancestrales.
Por otra parte, el senador socialista Alejandro Navarro formalizó la presentación en la Cámara Alta del legislativo un proyecto que propone la excarcelación de los presos mapuches en huelga de hambre, modificando el decreto 321 sobre libertad condicional.
El parlamentario recordó que la ley antiterrorista impide que un condenado acceda a ese beneficio, por lo que sólo una modificación legislativa permitiría que los comuneros obtengan la libertad que reclaman.
«Lo ideal sería conceder una amnistía para los mapuches. No obstante, un proyecto de ley en tal sentido exige los dos tercios de los votos de ambas Cámaras, lo que complicaría a tal punto la iniciativa, que haría ineficaz la medida», admitió.
Navarro recordó que la iniciativa tiene un precedente en 2004, con la liberación de los presos por delitos con móviles políticos, aunque en aquella oportunidad se marginó a los sentenciados por ilícitos considerados terroristas.
«El objetivo de esta normativa legal no implica renunciar a la amnistía, sino lograr la liberación de los mapuches injustamente condenados hasta que se logre la amnistía o la revisión de los procesos», explicó.
El legislador indicó que «no se trata de una solución de consuelo, sino la preparación de las vías de fondo para la justa reivindicación mapuche: la inocencia de sus presos por ley antiterrorista».
En tanto, los tres mapuches y la activista pro indígena que hoy cumplen 53 días sin ingerir alimentos condicionaron el término de su prolongado ayuno al traslado a la colonia penal de Vilcún, una cárcel modelo sin muros ni guardias armados.
En el lugar los condenados viven en cabañas, trabajan, reciben un sueldo y pueden salir a pescar en los alrededores. La petición del traslado fue transmitida por Alicia Lira Matus, dirigente de la Comisión Etica contra la Tortura, que ayer visitó a los presos.
La activista advirtió que los condenados seguirán exigiendo la anulación de la sentencia y la repetición del juicio oral, pero esta vez sin la aplicación de la llamada ley antiterrorista ni la presencia de testigos con rostros cubiertos, como ocurrió en este proceso.
Mientras, la Izquierda Cristiana -que integra el bloque Junto Podemos Más- se sumó hoy a los partidos y organizaciones de derechos humanos que reclaman la libertad de los líderes indígenas y la abolición de la inconstitucional ley antiterrorista.
Santiago de Chile, 4 de Mayo 2006
Crónica Digital/PL , 0, 58, 3
