Según la investigación, el pausado procedimiento se debe a la ausencia de una agenda legislativa que plantee las prioridades del Parlamento, junto a la escasa presencia, en ambas Cámaras, de los congresistas a las comisiones dedicadas al tema.
«Cuando la Comisión de Derechos Humanos es una de las instancias legislativas que presenta menor porcentaje de asistencia algo está diciendo», manifestó Carolina Carrera, representante de la Corporación Humanas.
El Observatorio Parlamentario es un ente compuesto por la Corporación Humanas, Oxfam, Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Corporación Participa, Universidad Diego Portales y el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer.
A juicio de Carrera el estudio da cuenta que el lento trámite de este tipo de iniciativas legales también se debe a que el Gobierno no posee, al igual que el Congreso, una agenda legislativa respecto al tema, y las urgencias emanadas corresponden solamente a la coyuntura.
«Los proyectos de ley de arrastre a los cuales se les ha colocado urgencia o a los proyectos nuevos que van insertados con urgencia no responden a una agenda legislativa gubernamental, sino que más bien responden a una coyuntura», sostuvo la especialista.
La presentante de la Corporación Humanas calificó de «negativo» el desempeño de los primeres tres meses del Poder Legislativo, resaltando que la calificación debe ser compartida por el Gobierno.
Una de las iniciativas legales que según la institución no ha sido impulsada por las autoridades es la ratificación del Estatuto de Roma, cuyo proyecto está listo desde octubre de 2005 para ser aprobado por el Senado.
Aunque existe acuerdo entre el gobierno y la oposición para adoptarlo, el tema está pendiente por temor a que Estados Unidos aplique sanciones si no se firma un acuerdo que exima a los soldados norteamericanos en el extranjero de ser juzgados en esa instancia.
Por otra parte, el proyecto de una ley de paridad tampoco ha tenido movimiento en el Congreso, desde 2003.
Además, el Observatorio Parlamentario criticó que las medidas que sancionan la discriminación, el acceso a la información pública y el proyecto que busca regular el lobby, tampoco han sido impulsados por el Poder Legislativo.
Santiago de Chile, 8 de julio 2006
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