PIDEN AL GOBIERNO LEGISLAR SOBRE FORTALECIMIENTO DE COLEGIOS PROFESIONALES

Al respecto, el diputado PPD comentó que durante los gobiernos de la Concertación han presentado proyectos para legislar sobre el tema, “pero como los parlamentarios no tenemos iniciativa en estas materias, porque implica un costo, eso es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por eso, le pido hoy a mi Presidenta y como colega, que en este tema tan sensible tengamos una legislación para favorecer a los usuarios y a los profesionales con el fin que exista un marco regulatorio”, enfatizó.

Accorsi recordó que antes del gobierno militar de Pinochet, los colegios profesionales eran corporaciones de derecho público y que cualquier profesional que quería ejercer su profesión debía estar suscrito a ellos. Dichos colegios podían sancionar a sus pares desde amonestaciones verbales hasta la suspensión por seis meses hasta el total de su ejercicio.

“Desde que se transformaron los colegios profesionales durante el gobierno militar, por una cuestión económica, porque el modelo no resistía estas organizaciones tan poderosas, estos se transformaron en asociaciones gremiales y que hoy la ley le otorga las mismas atribuciones que un club de rayuela o de barrio”, explicó.

El parlamentario por La Reina y Peñalolén, agregó que las sanciones que realizan hoy los colegios profesionales son morales y sólo para sus miembros.

“Lo digo con mucha vergüenza, como Concertación no hemos sido capaces de legislar este tema y no por diferencias con la oposición, sino por diferencias internas de la propia Concertación”, argumentó.

“Chile necesita de sus profesionales y requiere de una legislación que sea ad hoc y esté inserta en el nuevo Chile que tenemos”, indicó.

Galo Andrade

El diputado PPD, criticó casos como el doctor ecuatoriano Galo Andrade quien recibió una mínima pena por parte de la justicia.

“Si existiera una ley de especialidades médicas como lo hay en otros países, ese médico o cualquier otro, que no la tuviera no podría haber hecho ningún tipo de operación como esa”, comentó.

El diputado Accorsi, sostuvo que va a insistir al Ejecutivo en el tema a través de la próxima reunión que harán las bancadas concertacionistas, programada para este lunes en la tarde.

“Queremos que la Presidenta le ponga la urgencia debida y se pueda debatir en el Congreso”, explicó.

Consultado sobre las razones de la indiferencia del Gobierno para legislar sobre esta materia, Accorsi agregó: “es el hecho de volver a crear organismos gremiales poderosos que puedan negociar y buscar acuerdos con las entidades estatales u otras. Hoy lo que pasó es que se atomizaron todos, esa es mi percepción personal”, concluyó.

Santiago de Chile, 1 de diciembre 2006
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”No se puede atribuir directamente a ellos algo que no se sabe. Creo que son infiltrados, son los bandidos y los infiltrados de siempre”, indicó el jurista. Guzmán, quien es un férreo defensor de la causa indígena, agregó: “¿Quién sabe si ese grupo es pagado por alguna celulosa o por alguna otra empresa multinacional que dirige la economía, la minería y las forestales. Tienen mucha plata y no siempre son muy limpias sus gestiones. ¿Quién sabe si no son ellos los que estén pagando o contribuyendo para que se produzcan estos desprestigios que tienden a que la opinión pública esté en contra del pueblo indígena”. Respecto de la eventual participación de alumnos de la propia Universidad de Chile, sostuvo que “me cuesta creer que uno vaya a quemar o destruir lo propio, que estudiantes de una universidad vayan a cometer un acto de vandalismo de esta naturaleza. Pienso que se trata de personas externas”. Sin embargo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, aseguró que de comprobarse legalmente la actuación de estudiantes de la Casa de Bello, debieran ser expulsados de la institución por cometer actos vandálicos. “La Ley Penal establece que se trata de delitos calificados y mientras se investiga y determina si hay algún grado de participación culpable por parte de algún alumno, debiera ser juzgado y mientras no se sepa si es culpable o inocente suspenderlo de clases”. Y fue enfático al manifestar que “en el caso de que se compruebe la participación de un alumno y se le condene jurisdiccionalmente, tiene que ser expulsado. No merece estar en esa casa de estudios”. Santiago de Chile, 1 de diciembre 2006 Crónica Digital , 0, 80, 13

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