Señor Presidente de la 95° Conferencia de la Organización Internacional del
Trabajo.
Señor Director General don Juan Somavia.
Distinguidas Delegaciones de países hermanos, reciban ustedes un saludo cordial
de los Trabajadores de Chile.
La época está marcada por rápidas transformaciones que afectan al mundo del trabajo lo que ha significado abandono en el plano social generando exclusión y alarmantes niveles de pobreza en el mundo y en particular en América Latina.
Millones de hombres y mujeres que luchan por sobrevivir en un mundo profundamente desigual, donde está en juego la dignidad del trabajo y el ejercicio de los derechos más elementales, tanto en el plano individual como colectivo.
Hasta hoy los cambios en la organización del trabajo han tenido como objetivo primordial el bajar costos de mano de obra, para alcanzar mayor nivel de competitividad, aunque ello signifique un atropello a los principios y derechos fundamentales del trabajo.
Desde la formulación del trabajo decente como un objetivo estratégico, se aprecia un consenso y un respaldo a tal iniciativa de muchos gobiernos y algunos empleadores, aunque a veces es más en el discurso que en la práctica.
A muchos aún les cuesta entender que avanzar en el objetivo del trabajo decente, significa una apuesta a largo plazo, una mayor oportunidad para producir más y mejor y una legitimidad democrática.
Las relaciones de trabajo son un aspecto fundamental para el objetivo del empleo
decente y la aplicación de las normas internacionales, pero la forma que ha tomado esta relación laboral se contrapone con ese objetivo.
La instalación de un sin número de Intermediarios entre el capital y el trabajo, hace difícil saber quien es el verdadero empleador y responsable de los derechos Laborales, Previsionales y Sindicales; generando precariedad en el empleo y ausencia de protección social.
Cuando el verdadero empleador se oculta en una diversidad de razones sociales o múltiples subterfugios resulta, imposible el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo.
La fragmentación de la empresa, fragmenta el empleo y también fragmenta la organización sindical, en un claro afán de debilitamiento de la contraparte.
La instalación de lo que han llamado externalización a traído más y nuevas dificultades, causando efectos negativos para los trabajadores y sus familias.
Por más de tres décadas, se fue instalando por la vía de los hechos, una forma de subcontratación sin regulación, hasta convertirse en un fenómeno de desprotección y perdida de derechos Laborales y Sindicales.
Tanto en el sector privado como público y en particular en el sector municipal, se ha pretendido aprobar una ley que niega a los funcionarios municipales el derecho a negociación colectiva y entrega al Alcalde excesivas atribuciones para el manejo de las relaciones laborales, a nuestro juicio esto vulnera los convenios Internacionales N° 87, 98 y 151 y los fallos emitidos por el Comité de Expertos de la OIT.
Recientemente el gobierno de Chile tomo la iniciativa de legislar, aprobando una ley de subcontrato que es un paso fundamental en la consecución del objetivo del trabajo decente, esperamos seguir por este camino para eliminar las prácticas autoritarias y falta de derechos en las relaciones laborales.
El 62% de los accidentes de trabajo con consecuencias graves ocurren en el llamado sector de la tercerización del trabajo, lo mismo sucede con las enfermedades profesionales.
Esto no podía ser de otra manera por cuanto las empresas que se desempeñan en el área del subcontrato no tienen presencia, ni ingerencia en los lugares de trabajo.
Debemos desde la OIT, ser más activos en promover la prevención y protección, incorporando al listado las nuevas enfermedades profesionales y acordar al
menos, una recomendación para la salud y la seguridad en el trabajo.
En la consecución de estos objetivos, es que destacamos la importancia de fortalecer las Inspecciones del Trabajo como un instrumento que garantice el cumplimiento de las normativas legales en cada país.
Inspecciones del Trabajo que actúen con políticas claras de fiscalización y con atribuciones. Funcionarios capacitados y eficientes y que cuenten con respaldo de los gobiernos a sus acciones y decisiones.
Santiago de Chile, 6 de junio 2006
Crónica Digital , 0, 130, 18
