PIDEN EN CHILE DEBATIR SOBRE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

La organización señaló que «cada año se realizan miles de abortos en mujeres de todos los estratos económicos y sociales, procedentes de todas las vertientes religiosas y políticas… en condiciones de alto riesgo para la mujer».

El aborto -indicó- es un recurso que debería estar dentro de las posibilidades a ofrecer a aquellas madres cuya vida está en riesgo producto de un embarazo complicado.

Tras mencionar que ya existe en varios países del mundo, recordó que también existió en Chile hasta 1989, cuando la dictadura de Augusto Pinochet lo prohibió, impidiendo que se salvaran miles de madres con embarazos riesgosos.

El aborto en Chile está prohibido y penalizado y, además, no existen servicios públicos gratuitos para su realización en forma segura, por lo que se transforma en un problema de salud pública que afecta a las mujeres gravemente.

Por otro lado, un estudio realizado por la Corporación Humanas y la Universidad de Chile reveló que el 62% de las chilenas está por aprobar la idea de legislar sobre un proyecto de ley que despenalice en algunos casos el aborto.

Según la investigación, el 75 p r ciento está de acuerdo en que se legalice el aborto cuando corre peligro la vida de la madre; 71 por ciento, si el embarazo es producto de una violación; 68,4 por malformación del feto, y 20,4 en cualquier circunstancia.

El estudio concluye que existe un creciente interés por debatir

de manera abierta y pluralista el tema, en términos -argumentan los promotores- no de estar contra la vida, sino por defender la salud de la mujer y el derecho a decidir sobre su maternidad.

Ese tema ha cobrado tanta importancia en Chile que este miércoles se efectuará un seminario en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas, denominado «Cómo eliminar la discriminación contra la mujer».

Un representante del Comité de Naciones Unidas presentará un informe titulado «Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile».

Según trascendió, el Comité elogió varias de las medidas tomadas en el país en esa dirección, pero también planteó preocupaciones y recomendaciones, que serán el foco del seminario.

Felicitó a Chile, por ejemplo, por incorporar la perspectiva de género en políticas públicas, la creación de Tribunales de Familia y por cambios legales como la nueva ley de divorcio y penas para violación, violencia doméstica y acoso sexual laboral.

No obstante, el Comité insta a fortalecer medidas destinadas a la prevención de los embarazos no deseados, en particular haciendo disponibles todos los tipos de anticonceptivos seguros y métodos de planificación de la familia.

Asimismo, recomienda al gobierno considerar «la revisión de las leyes relativas al aborto con miras a suprimir las disposiciones punitivas aplicables a las mujeres que se someten a abortos» y dar «acceso a servicios de calidad.»

Santiago de Chile, 21 de noviembre 2006
Crónica Digital/PL , 0, 87, 8

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También denunciaron la “incapacidad” de las instituciones públicas que hasta la fecha no han dado respuesta a una solicitud enviada hace seis meses a la CONADI y hace tres meses al Ministerio de Bienes Nacionales sobre el tema. La denuncia fue formulada en dependencias del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPI) por el lonko Juan Alfredo Pichumilla Carimán, quien a través del werken del sector Pocura, Rogelio Marillanca, recalcó que las gestiones realizadas las comunidades del Lago Calafquén no han tenido respuesta a pesar de basarse en normas que la misma ley indígena establece solicitar la devolución de sitios ceremoniales. El reclamo de las comunidades se basa en el derecho a los sitios sagrados y ceremoniales reconocidos en la Ley 19.253 de 1993 en su artículo 19, y del derecho a la restitución de sus tierras, territorios que es reconocido por el derecho internacional de los Derechos Humanos. ESPACIO ANCESTRAL DEBE SER RECUPERADO Los voceros manifestaron mediante una declaración que en 1940 el Estado despojó el título de merced y expropió el territorio que hoy es conocido como Licanray, sin que el gobierno hasta hoy haya podido comprobar si realmente pagó dicha expropiación. Desde el año 1998 un grupo de dirigentes mapuche en conjunto con diversas comunidades del sector realizan eventos culturales dentro de la península como una forma de reclamar que tal espacio natural sea devuelto. “Es un derecho de reclamar la devolución de la península junto a los hermanos mapuche y no hay solución a nuestra demanda. No podemos tomar el diálogo como un pasatiempo y darle vueltas para darle solución. Solicitamos que el gobierno tome conciencia de esto ya que internacionalmente este país está muy atrasado en reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Si el gobierno persiste en maniobras dilatorias recurriremos a instancias internacionales”, expresó molesto Rogelio Marillán. ACCIONES LEGALES Por su parte, el abogado especialista en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, José Aylwin, lamentó que las demandas no hayan tenido respuesta. “Como en este caso, que había un título de merced que fue expropiado en la década del 40 sin que se haya demostrado la indemnización, solicitaron a Conadi la restitución y el traspaso gratuito de esas hectáreas que hoy forman la península. A pesar del tiempo transcurrido, no hay repuestas satisfactorias” expresó. Aylwin agregó que de no haber respuesta de las autoridades, los dirigentes están en su derecho a utilizar acciones legales, puesto que la intención de las comunidades es desarrollar actividades ceremoniales en un espacio que sea abierto a la comunidad. Por Miguel Angel Navarrete Temuco, 21 de noviembre 2006 Crónica Digital , 0, 63, 13

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