Los legisladores habían pedido al gobierno que pusiera «suma urgencia» a un proyecto presentado al Congreso con esos fines luego que el juez Víctor Montiglio aplicó la amnistía a los principales implicados en el emblemático caso Caravana de la Muerte.
Esa operación, ordenada por Pinochet en octubre de 1973 pocas semanas después del golpe militar, dejó un saldo de más de medio centenar de prisioneros ejecutados a lo largo y ancho del país, en uno de los episodios más sangrientos en los 17 años de dictadura.
El vocero Ricardo Lagos Weber dijo ayer que el gobierno «estudiará los antecedentes antes de pronunciarse», pero el diario La Tercera cita hoy fuentes oficiales según las cuales Bachelet «optó por la cautela para no abrir flancos» con la Fuerzas Armadas.
La moción fue presentada por los diputados socialistas Juan Bustos, Sergio Aguiló, Iván Paredes y Marco Enríquez-Ominami, además de Tucapel Jiménez, del Partido por la Democracia (PPD), y Gabriel Ascencio, de la Democracia Cristiana (DC).
Los congresistas, que califican la repudiada ley como anticonstitucional, pidieron el apoyo del gobierno y su compromiso de dar «suma urgencia» a la iniciativa, que busca su «nulidad de derecho público».
Ante la fuerte presión de los diputados, fuentes de La Moneda (sede del ejecutivo) señalaron al diario que el Gobierno mantendrá la cautela y dejará que el tema siga por un «carril judicial», no legislativo, para no comprometer una posición, según el rotativo.
Los funcionarios señalaron que uno de los objetivos centrales de la decisión del Ejecutivo apunta «a no abrir flancos de conflicto con las Fuerzas Armadas, que durante el mando del general Juan Emilio Cheyre en el Ejército apostó por apegarse a los dictámenes de la justicia».
«No conozco esa información, salvo por la prensa. Yo no me pronuncio mientras no conozco de qué estamos hablando», dijo Bachelet al referirse ayer al asunto.
Minutos después, sin especificar fechas, el vocero Ricardo Lagos Weber dijo que el «gobierno va a estudiar los antecedentes antes de pronunciarse».
En horas de la tarde, durante el tradicional encuentro que sostiene con los jefes de bancadas de la Concertación, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, señaló a los legisladores que el gobierno no ha definido una postura al respecto.
Para ser aprobada, la iniciativa requiere sólo una mayoría simple -como la que tiene la coalición gobernante-, por lo que no necesitaría del apoyo de la oposición ultraconservadora, que generalmente defiende la posición de los militares.
Hacer frente a la Ley de Amnistía no ha sido un tema ajeno para los gobiernos de la Concertación desde el denominado retorno a la democracia en 1990, pero varios intentos de sectores progresistas por eliminarla fueron descartados en La Moneda por temor a los militares.
La última vez que el tema salió a debate fue cuando en 2003 el entonces presidente Ricardo Lagos presentó una propuesta sobre derechos humanos con motivo de los 30 años del golpe militar en que no estaba incluida la derogación de la Ley.
En esa oportunidad, el ex mandatario dijo a un diario brasileño que «no tengo fuerza política para revocar» la normativa de 1978 y usó entonces los mismos argumentos que hoy tiene parte del gobierno para cuestionar la utilidad de anular esta Ley.
Santiago de Chile, 18 de abril 2006
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