La nueva estrategia nacional e internacional de sectores conservadores y de derecha busca instrumentalizar instituciones nacionales como el senado, con el objeto de involucrar a nuevos actores -de gobierno y oposición- para generar situaciones de conflicto o tensión bilateral en contra de Cuba y Venezuela, presionando de paso al Ejecutivo a salir en defensa de la autonomía del senado ante una eventual replica de representantes de los gobiernos aludidos.
Una situación como la descrita se produjo en abril pasado, como consecuencia de la resolución aprobada en el senado por la derecha con apoyo de sectores de la Concertación en contra del gobierno Venezolano, lo que motivó el rechazo del Presidente Hugo Chávez. Aquella situación política fue utilizada en Chile para crear un clima mediático critico y hostil hacia Chávez y su gobierno, previo a la bilateral efectuada el 18 de abril en Caracas entre los Presidentes Bachelet y Chávez.
El primer Proyecto «sobre prisión por motivos políticos en Cuba» -presentado por Senadores de la UDI y RN- exhibió contenidos claramente ideólogizados y altamente distorsionados y agresivos en contra de Cuba y de su gobierno. Aprobado por 19 votos, tuvo el rechazo de los senadores socialistas Alejandro Navarro, Carlos Ominami, Juan Pablo Letelier y Ricardo Nuñez, así como la abstención de los senadores PRSD y PPD, Nelson Ávila, Guido Girardi y Muñoz Barra.
El acuerdo aprobado contrasta con el reciente respaldo que 25 países, -entre los que destacan Nicaragua, Bolivia, Argelia, India, Sudáfrica, Palestina, Sri Lanka y Venezuela- brindaron a Cuba en el Palais des Nations en Suiza, al rechazar el informe del informe presentado por Christine Chanet, Representante Especial para Cuba de la antigua comisión. y solicitar el cese definitivo de los mandatos «politizados y selectivos» en contra de Cuba en el seno del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas. Profundizando en la defensa de los derechos humanos, la delegación de Sri Lanka evocó el importante papel de Cuba en la eliminación del apartheid en Sudáfrica y recordó las palabras del ex Presidente y Premio Nóbel de la Paz, Nelson Mándela, al señalar que debía su libertad al aporte de los cubanos en la guerra de liberación de Angola.
El segundo Proyecto en contra de la decisión soberana del Gobierno de Venezuela de no renovar la concesión radioeléctrica de RCTV, fue aprobado por 23 votos y tuvo un categórico rechazo del senador socialista Alejandro Navarro y del radical Nelson Ávila, así como la abstención del senador radical y presidente de ese partido, José Antonio Gómez.
La medida del gobierno venezolano que generó el conflictivo Acuerdo, fue calificada por el Presidente de Brasil, como una decisión soberana «legítima y democrática». Lula fue categórico al señalar que «El mismo Estado que da una concesión es el Estado que puede no dar la concesión. No se por qué la diferencia entre dos actos democráticos. Chávez habría practicado un acto de violencia si, después del fracaso del golpe, hubiera intervenido la televisora. No lo hizo:» Esta contundente opinión del Presidente brasilero aborda con claridad y franqueza un debate que en Chile ha sido altamente distorsionado e ideólogizado por los grandes medios de comunicación.
También se ha silenciado y deformado un enfoque fundamental que se encuentra en el centro de la política internacional desarrollada por el Presidente Salvador Allende y que hoy frente a los cambios progresistas que se desarrollan en la América Latina y el Caribe del Siglo XXI, adquiere plena vigencia: El rechazo a las fronteras ideológicas en las relaciones internacionales, el respaldo activo al derecho de autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los países y sus instituciones de acuerdo a sus propios procesos democráticos, así como la no injerencia de poderes imperiales y fácticos en los asuntos internos de los Estados.
Ni el «derecho a la injerencia humanitaria», impulsado por el entonces joven comunista de mayo del 68 y luego fundador de Médicos sin Fronteras, Bernard Kouchner, convertido hoy en Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del derechista Presidente Francés Nicolás Sarkozy, ni tampoco la interpretación unilateral que hace la administración del Presidente Bush de la Carta Democrática suscrita en Lima en el marco de la OEA el fatídico 11 de septiembre del 2001, pueden ser invocados para justificar una agresión al derecho a la autodeterminación de los pueblos y el respeto de su soberanía e institucionalidad democrática, de acuerdo a sus propias características y desarrollo histórico.
Los socialistas, la Unidad Popular y el pueblo chileno, experimentamos brutalmente la campaña de agresión sistemática de sectores conservadores, de la derecha y del gobierno de los EEUU, en contra del proceso de transformación que encabezó Salvador Allende. El 25 agosto de 1971 en Quito, Ecuador, el Presidente Salvador Allende señaló en defensa de la soberanía y de la autodeterminación en los procesos de transformación socialista y progresistas de Latinoamérica y el Caribe su respaldo inequívoco a « la libre determinación de los pueblos para darse el gobierno y las instituciones que deseen, sin que nadie pueda dictarles normas desde afuera », para expresar además una voluntad que hoy tiene plena vigencia.:»Establezcamos juntos, por fin, la Gran Nacionalidad Latinoamericana, manteniendo la del país de origen».
Nadie puede permanecer en silencio ante conductas que dañan a pueblos hermanos como Cuba y Venezuela y que perjudican la política exterior del Estado de Chile.
Por Esteban Silva Cuadra. Analista Internacional. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 15 de junio 2007
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