Introducción
El Bloque Social por la educación está constituido por los voceros nacionales de los estudiantes universitarios, secundarios, codocentes, profesores, padres y apoderados (ANES, CONFECH, CONFESUP, Colegio de Profesores, Asociación de Apoderados).
El Bloque ha participado responsablemente en el Consejo Asesor Presidencial convocado por la Presidenta Michelle Bachelet este año 2006, intentando posicionar y construir propuestas. No obstante, se considera necesario apostar por la participación ciudadana en el debate educativo, como también por intentar evidenciar las grandes diferencias que nos separan de los sectores que defienden una visión meramente economicista de la educación.
A partir del consenso nacional generado por las demandas de los secundarios, tenemos la responsabilidad de demostrar que las propuestas de país se construyen de manera dialogante, participativa e incluyente. Nuestro objetivo es dar un salto cualitativo que permita estar a la altura de las circunstancias, permitiendo que la sociedad sea un actor activo frente a la toma de decisiones relacionadas con las políticas públicas del país.
Este documento preliminar pretende ser un primer paso hacia la democratización del debate educativo, donde la participación ciudadana se convierte a su vez en parte fundamental de las soluciones a la actual crisis del sistema educativo. Para el año 2007 es de vital importancia construir el Congreso Nacional de Educación Pública, donde podamos profundizar nuestros análisis y propuestas. Se reconoce que la instalación de estas propuestas es un proceso gradual, derivado de la profunda transformación requerida.
La actual LOCE aprobada durante la Dictadura y sostenida posteriormente por los gobiernos de la Concertación, no sólo carece de legitimidad deliberativa, sino que además concretizó y validó el desmantelamiento de la educación pública chilena, instalando una lógica donde ha primado la libertad de empresa en educación.
La Reforma educativa en curso desde mediados de los años 90, también se caracterizó por procesos de exclusión ciudadana. Esta vez la visión técnica anuló las esperanzas y expectativas de participación de diferentes sectores de la sociedad. Por otra parte, las autoridades políticas no cuestionaron la legitimidad ni los efectos perversos de la LOCE ni de la Constitución Política dictadas durante la Dictadura.
La municipalización del sistema de educación pública significó el traspaso de los establecimientos a entidades sin competencias para la administración educativa, desligando al Estado de su responsabilidad histórica, lo cual implicó la segregación del sistema. Del mismo modo, la provisión pública quedó sometida a la voluntad de la autoridad política local de turno.
La libertad de los padres de elección de la educación para sus hijo/as no ha sido efectiva debido a la preeminencia de la libertad de selección que han llevado a cabo los establecimientos educativos, íntimamente ligada a la capacidad económica de las familias.
Por otra parte, el medrado rol del Estado en las temáticas sociales, heredado del desmantelamiento dictatorial, al sólo subsidio de la demanda, es decir el tratamiento igualitario para la educación pública y los proyectos privados, ha incidido en el deterioro del sistema público de educación. Ello ha facilitado la apertura en un crecimiento exponencial- y mantención de establecimientos privados sin mayor control de la autoridad política.
Este rol de mero observador de la segregación escolar en aumento, ha favorecido una expansión salvaje del lucro en educación, tergiversando el principio y el sentido de la educación gratuita la cual parece ser condenada a educar a los sectores socioeconómicos más bajos-. El efecto segregador ha implicado que los establecimientos que poseen los mejores mecanismos de selección de alumnos/as tienen los mejores resultados.
El Estado chileno ha impuesto una desigualdad de trato al favorecer claramente a la educación privada, la cual sólo está sujeta a la regulación del mercado. Lo que es más grave aún, el Estado ha ayudado a financiar como parte de su gasto público a instituciones fundadas bajo el principio de lucro, lo cual es ajeno a la lógica de la educación pública.
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