En un comunicado, la Casa de Estudios condenó las acusaciones «injustas y carentes de información» que habría realizado la Sociedad Aula. El texto, que se divulgó a fines de marzo, fue la primera reacción oficial a las imputaciones que ha realizado la entidad, que interpuso una querella criminal por estada contra el rector Miguel Ángel Avendaño, patrocinada por el abogado Eduardo Contreras.
No obstante, reconoció la existencia de un Convenio con la entidad en 2004, por la prestación de «servicios accesorios» a la administración de carreras que son impartidas en Ovalle, San Antonio y San Fernando. Añadió que «detectaron anomalías en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la mencionada sociedad», las que «se trató de subsanar con ésta sin resultados positivos». En ese sentido, anunció que estudia la presentación de acciones legales.
«Lamentamos la estrategia adoptada por la sociedad, en cuanto a ventilar las diferencias que sostiene con la Universidad a raíz del citado contrato a través de los medios de prensa, más aún, imputando públicamente la comisión de ilícitos penales a su rector y a funcionarios de ésta», añadió la nota de prensa.
De esa forma, estimó que detrás de la difusión pública de los antecedentes existe un intento por lograr una «una condena pública más que jurídica, en momentos en que el país ha casi recobrado en plenitud la observancia de los derechos humanos, uno de los cuales es el respeto a la honra de las personas».
Al respecto, el director de la Sociedad Aula, José Manuel Flores, manifestó que le parecía «insólito» que la Rectoría de UTEM alegara que las denuncias son «injustas y carentes de información», en circunstancias que no proporcionó «absolutamente ningún antecedente que desmienta la información detallada y pormenorizada que hemos entregado al Poder Judicial y a la opinión pública, acreditando la existencia de anomalías en un convenio suscrito entre la Casa de Estudios y Aula, que nos provocaron un perjuicio patrimonial superior a los 250 millones de pesos».
Por consiguiente, señaló, «es la peculiar defensa de la autoridad de la UTEM, la que pretende sostenerse carente de información».
Respecto a la afirmación de la autoridad de UTEM respecto de los alcances del Convenio, sugiriendo que se refería sólo a la «prestación de servicios accesorios» en «carreras vespertinas» en San Antonio, Ovalle y San Fernando, Flores afirmó que «el Convenio se encuentra a plena disposición del Poder Judicial y de la opinión pública, y establece que la UTEM transfirió a Aula no sólo servicios accesorios, sino la administración global del Programa Regular de Formación de Profesores de Educación General Básica en las sedes de aquellas ciudades, incluyendo la recaudación de matrícula y aranceles mensuales, contratación de profesores y la cancelación de honorarios, y la ejecución de las inversiones en infraestructura que resultaran necesarias».
Respecto de las anomalías en que habría incurrido Aula en la ejecución de las obligaciones asumidas por Aula, Flores rebatió que «la autoridad universitaria omite señalar que el Convenio se encuentra vigente y lo estaba en septiembre del año pasado, cuando el director del Programa Educacional en Tecnología de la UTEM, Sergio Gallardo Espinoza, mediante Memorándum Nº 588, ordenó que los depósitos de pago de matrícula y aranceles de los alumnos del Programa fueran centralizados en la cuenta corriente de EDUTEM, sociedad privada que controla la Universidad y cuyo presidente es el mismo rector Avendaño».
Es decir, explicó, «encontrándose aún en vigencia los términos del Convenio, se ordenó intervenir ingresos cuyo control correspondía a Aula, conforme al mandato del Convenio». Por tanto, «en el caso hipotético de que estas supuestas anomalías hubieran existido, el Convenio no contemplaba una medida de esa naturaleza, por lo cual sostenemos que fue un hecho arbitrario e irregular».
Respecto al hecho que Aula pretenda una condena mediática más que judicial, el director de la Sociedad Aula manifestó que tiene «total confianza» en el Poder Judicial, «por eso hemos recurrido a los tribunales, mediante la presentación de una querella criminal por estafa», y subrayó que «nada tenemos que esconder».
Sin embargo, aclaró que «la sociedad chilena tiene el derecho a conocer los antecedentes de esta controversia, pues aparece involucrada la autoridad de una universidad pública y, por tanto, el caso compromete el interés público. En este sentido, a los medios de comunicación les asiste todo el derecho a informar y los participantes en el conflicto debieran tener la estatura ética y el coraje ciudadano de proporcionarles los antecedentes que requieran».
Finalmente, en torno al anuncio de la Rectoría de UTEM de emprender acciones legales, Flores comentó: «Nos parece extraordinariamente positivo. Como lo indicábamos, nada tenemos que ocultar. Ha sido la Sociedad Aula la víctima de un hecho anómalo y arbitrario, que nos provocó enorme perjuicio patrimonial, tal y como lo demuestran los antecedentes y los hechos».
Santiago de Chile, 10 de abril 2006
Crónica Digital , 0, 85, 3
