En una serie de interrogantes que una futura colega me realiza, ella me pregunta si Chile es un país corrupto. Personalmente creo que sí y fundamentalmente creo que las prácticas corruptas no se dan por lo general en la ciudadanía.
Por el contrario, en aquellos que cumplen una función pública o que, siendo del mundo privado, se han aprovechado de ella para enriquecerse o utilizarla para fines personales.
En un artículo Corrupción en Chile: el origen del que nadie habla publicado en varios medios de comunicación locales, la periodista Patricia Verdugo revela cómo se institucionalizó la corrupción en Chile.
Ella recuerda cómo los partidos «democráticos» y que hoy son parte de la Concertación menos el Partido Comunista- firmaron con la dictadura un acuerdo para reformar la espuria Constitución del 80, logrando con ello sentar las bases para que el general Pinochet continuara al mando del Ejército por ocho años y que no fiscalizaríamos ninguno de sus actos administrativos.
La escritora y periodista continua en su articulo: Ese fue el origen. En las bóvedas de CORFO (Corporación de Fomento), se guardaron decenas de miles de documentos que comprobaban cómo la derecha pinochetista había saqueado las empresas del Estado al momento de privatizarlas, amén de muchos ilícitos durante su militar administración.
Yo misma vi, sostiene, sólo por dar un ejemplo, una mesa de directorio cubierta por papeles de casi medio metro de espesor- que probaban la corrupción en Televisión Nacional. Y así suma y sigue.
La profesional señala que el presidente Eduardo Frei retiró una querella en contra del hijo de Pinochet, tras conocerse que éste tenía en sus manos cheques con la firma de su padre por valores que superaban los tres millones de dólares.
Según Verdugo, ese acto de impunidad de Pinochet, su familia y sus colaboradores, fue permitido por el gobierno de Concertación de la época y dio el puntapié inicial para que cualquiera abriera la puerta y se sintiera con derecho a meter las manos en la caja estatal.
Hoy a muchos años del inicio de la corrupción en Chile, medios de prensa extranjeros han titulado con la frase de la actual presidenta Michelle Bachelet «Caiga quien caiga» o mejor dicho: «Sálvese quien pueda».
Desde hace varias semanas, los medios locales comenzaron a exhibir a través de sus páginas el mejor culebrón jamás escrito antes (ni el desaparecido guionista y actor Arturo Moya Grau lo habría pensado): El reventón de escándalos.
El más sonado de la serie corresponde a la entidad estatal Chiledeportes, donde varios funcionarios están cuestionados por el desvío de grandes sumas a destinatarios ilegales vinculados a los partidos del gobierno.
La ciudadanía, o mejor dicho el pueblo, no tiene pitos que tocar, más aún, los chilenos piensan -así lo señala una encuesta del conservador diario El Mercurio- que la corrupción en Chile esta generalizada, que ha aumentado en los últimos tiempos y que la imagen de Bachelet ha quedado afectada.
Pero, ni El Mercurio, ni los políticos de la derecha, ni los de la Concertación, han querido llegar al fondo de la cuestión. El problema, como lo indica Patricia Verdugo, viene desde la dictadura y principalmente en los amarres que ésta logró con la Concertación.
Esto es debido, entre otros motivos, al sistema electoral heredado de la Constitución de 1980, denominado «binominal», como la madre del cordero y, en especial, al manejo de los recursos públicos.
Cuando un sistema político permite la reelección infinita de sus representantes y el poco (o casi nulo) control por parte de los ciudadanos sobre sus parlamentarios, logra que éstos (los partidos) utilicen al Estado como caja chica para obtener clientelismo político y suculentos abonos para mantener a sus colectividades y organizaciones sociales a través de proyectos brujos que obtienen de las entidades estatales.
La solución pasa, a mi parecer, por acordar un proyecto que permita una representatividad mucho mayor y adecuada a la pluralidad política de la sociedad chilena.
Debemos como país buscar una distribución proporcional y no excluyente, que brinde oportunidades a la izquierda y a organizaciones laborales de estar representados, aumentar el número de diputados y senadores, y aprobar el voto de los chilenos en el exterior.
Los Obispos advirtieron a la clase política y a la ciudadanía que «No podemos acostumbrarnos o justificar formas de corrupción, personal o institucionalizada, que pasan por encima de la ley, aunque sean pequeñas».
Creo que les he podido responder a todas las interrogantes a la estudiante de periodismo, pero debo agregar un pensamiento final.
El control ciudadano hoy es muy importante, si queremos tener un país que camina hacia el desarrollo. No podemos esconder la cabeza como el avestruz. Debemos enfrentar la corrupción con propuestas políticas claras y dar señales de probidad a una sociedad que ve en las instituciones políticas como el último pelo de la cola del perro.
Por: Iván Gutiérrez Lozano. El autor es periodista y director del periódico electrónico Crónica Digital.
Santiago de Chile, 29 de noviembre 2006
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