La decisión fue adoptada por los votos de los senadores oficialistas Jaime Naranjo y Mariano Ruiz-Esquide, además del independiente Nelson Avila, mientras los representantes de la derecha opositora Carlos Kuschel y Andrés Chadwick no se presentaron.
Tal como se esperaba, la Concertación impuso su mayoría para aprobar esta iniciativa que fue despachada con suma urgencia el lunes por el gobierno, tras un acuerdo alcanzado el domingo por una comisión mediadora con cuatro mapuches que cumplían 62 días de huelga de hambre.
El proyecto pasa ahora a la comisión de Constitución, que lo vería probablemente la primera semana de junio, luego de dos semanas de receso legislativo. Es probable que su tramitación concluya recién a fines de ese mes.
La normativa propone una modificación al decreto sobre libertad condicional, para que los condenados por delitos tipificados en la ley antiterrorista, en causas relacionadas con reivindicaciones de los derechos que consagra la ley indígena, puedan ser excarcelados.
Para estar comprendido en los beneficios, los hechos castigados tienen que haber ocurrido entre el 1 de enero de 1997 y el 1 de enero de este año. Previo a recibir la libertad, los mapuches deberán suscribir una declaración comprometiendose a no usar la violencia.
No obstante, el senador Naranjo explicó que los integrantes de la comisión presentaron una indicación sustitutiva al proyecto -la que también suscribió el senador Navarro- para corregir algunos aspectos de la propuesta original.
El propósito era incorporar un artículo transitorio con el objeto de facilitar la obtención de la libertad condicional de los condenados, en caso de que el Congreso apruebe finalmente el proyecto.
La normativa beneficiaría a los cuatro mapuches que cumplieron el domingo 62 días en huelga y que habían sido condenado a 10 años de prisión y el pago de 820 mil dólares de indemnización a una firma forestal extranjera.
Los hermanos Juan y José Marileo Saravia, Juan Huenulao y la activista Patricia Troncoso Robles, fueron acusados en el 2001 de «incendio terrorista» y la condena se concretó el pasado año en un proceso denunciado por múltiples irregularidades procesales.
También comprendería a José Huenchunao y Federico Licán (prófugos), sancionados también a 10 años y el pago de una indemnización en el mismo proceso; Pascual Pichun y Aniceto Norin (cinco años por amenaza terrorista), y Víctor Ancalaf (cinco años por incendio terrorista).
Tras declararse convencidos de la necesidad de generar un vuelco notable en el tratamiento del conflicto indígena, los diputados democristianos Eduardo Díaz, Sergio Ojeda y Alejandra Sepúlveda anunciaron hoy que apoyarán la moción en el Congreso.
Los parlamentarios expresaron la esperanza de que el gobierno siga en la misma sintonía y otorgue urgencia a la iniciativa que presentaron para limitar la aplicación de la ley antiterrorista en estos casos y conseguir igualdad ante la ley.
Destacaron que se busca que los mapuches no sigan siendo condenados con penas más altas que quienes realizan similares conductas en la región metropolitana, producto de otras motivaciones.
Díaz agregó que el apoyo al proyecto se fundamenta, además de las razones humanitarias, en la búsqueda de la paz social que con este tipo de iniciativa siempre en la historia han servido para descomprimir conflictos como estos.
Al igual que Ojeda, el diputado apuntó que «no podemos aceptar más leña al fuego ni permitir que continúe la criminalización y la represión como respuesta simplista a graves problemas que se vienen arrastrando por años y que está en uno de sus peores momentos.
santiago de Chile, 18 de mayo 2006
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