La medida, que sería un requisito para poder ejercer en los hospitales y consultorios públicos, es considerada por el presidente del gremio, Esteban Maturana, como una argucia para «esconder el rechazo al ejercicio profesional de facultativos extranjeros».
Maturana reconoció la necesidad de tomar precauciones para que se garantice que todo profesional que ejerza como médico cumpla a cabalidad con sus funciones, pero «tampoco se puede dejar de asumir que el mundo en que estamos viviendo avanza cada vez más a la globalización».
«En alguna medida con este proyecto estamos dando un paso que no apunta en esa misma dirección. En la Unión Europea existen mecanismos de acreditación que son reconocidos automáticamente en todas las naciones que la conforman», dijo Maturana, que es también médico.
Subrayó que lo que está detrás de esa ley «es el rechazo a la presencia de profesionales médicos extranjeros en el país, y creo que eso no se ajusta a la historia que Chile tiene de haber sido víctima de una situación compleja en la década de los 70».
El dirigente gremial se refería al éxodo forzado de miles de profesionales, incluyendo de medicina, tras el sangriento golpe militar contra el presidente constitucional Salvador Allende en 1973, y que pudieron ejercer en otros países del mundo con todas las facilidades.
Expresó que medidas como estas también pueden tener repercusiones en otros países, porque así como vienen médicos extranjeros a ejercer en Chile, también hay profesionales locales que van a otras naciones donde se les puede aplicar las mismas restricciones en reciprocidad.
De acuerdo con el proyecto de ley que fue anunciado por el Ministerio de Salud hace algunos días, el examen tendrá que ser rendido por todos los médicos que postulen a un cargo en los hospitales públicos, consultorios y en atenciones de libre elección.
El test será tomado a los que lleguen al país después de promulgada la ley -ya que no tendrá efecto retroactivo-, e incluirá a aquellos que provengan de países con los cuales Chile tiene convenios de reconocimiento de títulos, como Ecuador, Uruguay, Colombia y Brasil.
Santiago de Chile, 29 julio 2006
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