El secretario de Estado, descartó la idea que fue lanzada por legisladores de la Democracia Cristiana y del Partido Radical Social Demócrata para que el Estado regule el mercado del gas natural.
«Nadie ha estado hablando de fijación de precios, la fijación de precios arbitrarias no es lo que ocurre en un país serio como Chile y no es la política del gobierno», sostuvo enfático el titular del ramo, un abanderado a ultranza del libre mercado.
Consultado sobre la situación de otros servicios básicos -como el agua, la luz y el teléfono- respecto al gas, el secretario de Hacienda hizo la distinción al señalar que en ellos «no hay fijación de precios, hay marcos y regulación tarifarias».
Las declaraciones de Velasco siguieron a una fuerte reacción de la poderosa Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) que advirtió se opondría a que el gobierno regule las tarifas que las distribuidoras de gas cobran a sus clientes, como consecuencia del nuevo impuesto argentino.
«La posición de mercado libre, competitivo y abierto, con reglas claras, es lo que hemos defendido y es lo que seguiremos defendiendo. Y eso también vale para la energía», afirmó el presidente del gremio de empresarios, Bruno Philippi.
En medio del debate por la situación energética con Argentina, diputados de la DC y senadores radicales propusieron la necesidad de discutir la formulación de una ley que regule las tarifas, para evitar el lucro con las firmas privadas que monopolizan el mercado.
Según cifras oficiales, las compañías pagan en Argentina menos de tres dólares por el millón de BTU (la unidad de medida del combustible) y lo venden en Chile a 24. Esto daría un colchón más que suficiente para atenuar el reajuste pactado entre Argentina y Bolivia.
Mientras, el ministro de Planificación del vecino país, Julio de Vido, informó que su gobierno trasladará a Chile -probablemente a partir de hoy- «la incidencia exacta» del alza en el precio del gas que importa desde Bolivia, a través de impuestos a las exportaciones.
De Vido precisó ayer en la tarde que las autoridades «están ultimando los detalles de la resolución que fijará el valor de las retenciones a las exportaciones de gas a Chile», y que tienen como propósito evitar que el aumento impacte sobre el mercado interno.
Chile importa entre 13 y 15 millones de metros cúbicos diarios desde Argentina, que representa cerca de un 90 por ciento de sus necesidades del combustible, con precios virtualmente invariables desde la firma de un acuerdo de complementación de energética en 1995.
El gobierno trasandino ofreció a las autoridades chilenas aproximadamente diez fórmulas para el cobro del nuevo tributo o retención. Santiago, sin embargo, ha mantenido en secreto los detalles de los mecanismos y cuál ha escogido.
Aunque el viernes estaba todo listo en La Moneda para dar a conocer las características de la propuesta seleccionada, las autoridades decidieron no hacerlo porque el decreto con el nuevo régimen no fue oficializado por el Gobierno de Kirchner.
A contar de ayer el valor del combustible boliviano registrará un reajuste promedio de 56 por ciento, pasando de 3,20 a 5,00 dólares el millón de BTU (la unidad de medida en que se transa el gas natural).
Según informó el diario bonaerense Clarín, el precio del gas que exporta Argentina a Chile sufrirá una subida de 35 por ciento, por la aplicación de una retención diferencial.
Fuentes oficiales indicaron que Santiago ha sugerido a Buenos Aires que cobre un precio fijo entre 4,3 y 4,5 dólares por BTU, con el propósito de eliminar la incertidumbre de una tasa variable.
En este momento las empresas privadas chilenas pagan entre 2,5 y 2,8, muy por debajo del valor internacional.
Santiago de Chile, 16 de julio 2006
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