La recuperación de los hidrocarburos, privatizados por el primer régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97), fue la principal bandera de las grandes protestas sociales comenzadas en el año 2000.
En esa oportunidad, la medida fue reclamada en la «guerra del agua», rebelión social que obligó a anular la privatización del servicio de agua potable de la ciudad central de Cochabamba, y en los bloqueos campesinos de rutas en el altiplano cercano a La Paz.
La exigencia nacionalizadora se mostró con fuerza en las siguientes manifestaciones de descontento y cobró gran vigor tras la forzada segunda elección de Sánchez de Lozada, por una precaria coalición derechista parlamentaria.
Ese régimen sucumbió a manos de una rebelión ciudadana que intentó sofocar con un saldo de 67 muertos y que se desató por el rechazo ciudadano a la posible exportación de gas por las costas de Chile, para devenir en la exigencia de la nacionalización.
El sucesor de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, prometió someter el tema a una consulta popular, en la cual la ciudadanía votó masivamente por la recuperación total de los hidrocarburos.
Ese dictamen popular fue interpretado por aquel gobierno en un proyecto de ley que, en opinión de las fuerzas progresistas y las organizaciones sociales, no atendía la demanda nacional y más bien la mediatizaba en favor de las transnacionales.
La nacionalización fue nuevamente enarbolada en grandes protestas sociales que presionaron al Congreso a aprobar una ley más avanzada en mayo de 2005 y que al mes siguiente obligaron a renunciar a Mesa.
El tema se convirtió en el más importante de la campaña por las elecciones de diciembre pasado, en la que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales la asumió como promesa principal, lo que fue decisivo para su contundente victoria en las urnas.
Al anunciar el decreto, el mandatario evocó las dos nacionalizaciones petroleras del siglo pasado y destacó el hecho de que fueron decretadas por gobiernos militares.
En 1937, tras la guerra del Chaco, librada contra Paraguay en defensa de la riqueza petrolífera, el presidente, coronel David Toro, nacionalizó pozos e instalaciones explotados por la empresa norteamericana Standard Oil.
Similar medida fue aplicada a la también estadounidense Gulf Oil por el gobierno nacionalista del general Alfredo Ovando en 1969.
Esas experiencias históricas cimentaron una conciencia de defensa de los recursos naturales que determinó que la privatización de hace una década fuera resistida con fuertes protestas.
Esa conciencia se refleja en la Constitución, según la cual ese patrimonio pertenece al Estado, principio cuya vigencia recupera el decreto aprobado hoy, al restaurar la propiedad estatal de los yacimientos de gas y petróleo.
El gobierno aseguró que la tercera nacionalización, aprobada hoy, será la definitiva y que nunca más las transnacionales se apoderarán de los hidrocarburos de Bolivia.
Por: Manuel Robles Sosa
La Paz, 2 de Mayo 2006
Prensa Latina
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