Innumerables voces en Estados Unidos, México, Guatemala, Perú, incluidas las de medios de prensa españoles, deploraron la iniciativa, al considerarla una demostración de fuerza con etiqueta de provocación contra los pobladores de las naciones vecinas.
La movilización comenzó en Arizona, Nuevo México y Texas, cuyos gobiernos ya habían preparado los albergues para alojar a los uniformados, provenientes de ésos y otros territorios del país.
El despliegue en la frontera es parte de una iniciativa del presidente George W. Bush para hacer frente a la problemática migratoria de la nación, donde viven ilegalmente entre 10 y 12 millones de inmigrantes.
De manera escalonada, la suma de militares en la frontera llegará en las próximas semanas a seis mil soldados, a tono con la propuesta de Bush, que también incluye el envío de efectivos de la Guardia Nacional a California.
Pese a la magnitud del contingente, el mandatario niega a toda voz que signifique militarizar la línea limítrofe.
Los seis mil efectivos permanecerán en los territorios seleccionados durante dos años, con unidades que realizarán ciclos de dos o tres semanas.
Ello significa que unos 156 mil uniformados serán parte de la movilización, cifra que algunos analistas miran con reservas, debido a que una buena parte de las tropas que mantiene el Pentágono en Iraq y Afganistán pertenecen a la Guardia Nacional.
Esa agrupación tiene en su nómina 450 mil soldados, y está destinada para actuar bajo la dirección de los gobernadores de los estados, en casos de guerra u otras emergencias.
Según Bush, los militares reforzarán la vigilancia, realizarán labores de inteligencia, construirán barricadas y cumplirán otras misiones.
Además de las críticas a la militarización de la frontera en diversos países, también criticaron la medida, aunque por otras razones, el gobernador californiano, el republicano Arnold Schwarzenegger, y sus pares demócratas de Nuevo México, Bill Richardson, y Wisconsin, Jim Doyle.
Los mandatarios sostienen que la Guardia Nacional ya carga bastante peso con las misiones que cumple en Iraq, y debiera dedicarse a otras tareas, como la respuesta a catástrofes naturales.
En días recientes, un editorial del diario The New York Times criticó el despliegue ordenado por Bush, al considerarlo una victoria «del bando medio herido del debate», en alusión a la bancada republicana en el Congreso que exige controles férreos en la frontera sur.
De acuerdo con el rotativo, la decisión del mandatario es un espaldarazo a quienes dicen que se debe detener inmediatamente, «con las botas del Ejército en la arena del desierto», a las personas que penetren ilegalmente en Estados Unidos.
Al Rojas, integrante de la Coalición Obrera por la Justicia para Todos, de California, puso en duda que los uniformados vayan a actuar sólo como observadores, sin ejercer labores de agentes de inmigración.
«Me suena muy simple por parte del Presidente que, siendo militares, sólo estén viendo, sin armas y sin ninguna jurisdicción policíaca; me extraña el gasto de dinero para tener el personal militar como observadores en la frontera», afirmó.
Washington, 1 junio 2006
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