En la ocasión, se dispuso por el Juez que el pago se efectuara en cuotas mensuales de una UF cada una, esto es, que los aproximadamente de 186 mil pesos, se pagaran en cuotas de 18 mil 600 pesos, expresados en valores actualizados.
Tuve ocasión de criticar en esa oportunidad lo decidido, entendiendo que la sanción posiblemente no sería pagada y eludiría el condenado la acción de la justicia, agregando que, si se pagara la multa impuesta, dicho pago lo soportaría, no el malhechor, sino que su familia, su mujer y tres hijos en edad escolar, que verían disminuir su presupuesto en una quinta o sexta parte de su valor, lo que entre personas que ganan el salario mínimo, simplemente es demasiado.
Lo más efectivo habría sido un castigo menor como pudo aplicarse, que mantuviera privado de libertad al condenado por unos días, que le permitirían recapacitar y que afligiría a su familia durante un mes de menores ingresos, pero no por los restantes meses.
Ese es el Chile real, en el que una UF mensual ($ 18.600.-) desequilibra a toda una familia en forma cruel y que implica menos consumo de pan con te por menores que sólo prueban la leche o mejores alimentos en las viandas que reciben en las escuelas, pero que desconocen en sus hogares por falta de recursos.
Por ese recuerdo es que me ha impactado que un destacado político empresario haya sido sancionado con multa de 343 millones de pesos y, teniendo el derecho de apelar de la sanción, que ha expresado profusamente que es injusta y constituye persecución, no lo haga, allanándose a pagar así, sin esfuerzo ni privación alguna ni efectos que signifiquen menoscabo en su rango de vida habitual, previsibles frente a un pago de esa magnitud.
¿Cuántos chilenos pueden darse ese lujo? Es posible que la multa represente sólo una parte de la utilidad que le reportó al político empresario el negocio accionario por el que fue sancionado, dato al que sería importante tener acceso.
El monto de la multa adquiere la dimensión de un importante premio de lotería para el resto de los chilenos y este político empresario tranquilamente lo paga sin arrugarse, adquiriendo de paso un valor agregado, un plus del negocio por el que ha sido sancionado, que le permite adoptar la posición del injustamente perseguido y aparecer como víctima en todos los medios, impidiendo de paso que la situación se aclare para todos por medio de la apelación a que tiene derecho y a la que renuncia.
Como expresó la Presidenta Michelle Bachellet, si la multa es injusta, quien la sufrió debe apelar para aclarar la situación si respeta efectivamente las instituciones del país al que aspira a dirigir, sin contribuir a desprestigiarlas.
No resulta ético que la renuncia de un derecho autorice a adoptar la calidad de víctima y culpar a las autoridades de persecución y abuso, en circunstancias que quien abusa es precisamente el sancionado que no apela porque es mejor para sus intereses sembrar la duda que afrontar la realidad de que la sanción se ajusta a la ley y está bien aplicada, lo que todo el país debe asumir frente a la actitud adoptada. Si no apela, que calle. Total, son sólo $ 343.000.000.-
Por Leonardo Aravena Arredondo
Profesor de Derecho, Universidad Central de Chile. Colaborador permanente de Crónica Digital.
Nota de la Redacción: La caricatura de la portada es un aporte de Crónica Digital para que el lector pueda dilucidar quien es el político empresario, por lo tanto, no tiene nada que ver con el autor de este artículo.
Santiago de Chile, 19 de julio 2007
Crónica Digital
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