El mandatario, quien fue titular de esa cartera antes de ganar las elecciones en 1999, fue llamado a declarar el pasado enero ante la jueza Gloria Ana Chevesich, a cargo del proceso del denominado caso MOP-Gate, uno de los más sonados escándalos de corrupción en Chile.
En declaraciones a Radio Cooperativa reconoció que efectivamente fue interrogado por la magistrada a través de un oficio, pero negó haber conocido de las irregularidades que son investigadas desde hace más de cuatro años.
El gobernante, que termina su mandato de seis años el 11 de marzo próximo, rechazó que el escándalo -en el cual también estuvo involucrado su jefe de despacho y el hermano de su esposa- haya resultado en una mancha para el recuerdo de su gobierno.
«Lo que respondí es secreto del sumario. Ahora, desde el punto de vista de lo que ha aparecido en la prensa de un sistema claro y definido (de sobresueldos), obviamente, que no lo conocí, porque no lo habría aprobado», afirmó.
Explicó que en el MOP contrataban a funcionarios a honorarios «y eso es lo que la Contraloría objetó, porque antes era común que usted era funcionario de planta y fuera de sus horas de oficina podría ser contratado a honorarios (doble sueldos)».
Indicó que no siente que el caso le vaya a «penar». Incluso, apunta a que los intentos de involucrarlo a él y a Hernán Durán -que es hermano de su esposa y contaba con un contrato con el MOP-, «no es un caso judicial fundamentalmente, sino de imagen periodística».
«Esto es una denuncia que después se cae», ya que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que pesquisó el caso concluyó que todo estaba en regla.
La jueza Chevesich dictó hoy la primera condena en el marco de ese caso, al sentenciar a cinco años y un día de presidio remitido (en su residencia) a Sergio Cortés, ex jefe de Finanzas de la Dirección de Vialidad, dependiente de la cartera de Obras Públicas.
La magistrada consideró que Cortés es culpable de los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. La resolución incluye sentencias, de tres años de cárcel también remitidos, para Luis Jara y Nelson Parra, dueños de una constructora privada.
Durante el proceso fueron denunciadas fuertes presiones del gobierno y del ex presidente de la Corte Suprema Marcos Libedinsky contra la jueza Chevesich para que no interrogara al presidente Lagos.
Santiago de Chile, 7 de marzo 2006
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