La medida, que beneficiaría a más de un millón de chilenos de bajos ingresos, ha provocado un fuerte debate, aún dentro de las filas del gobierno, por lo que algunos economistas consideran se trata de «quitar con una mano lo que se da con la otra».
Considerado el mayor reajuste de pensiones en los 16 años de gobiernos de la denominada Concertación de Partidos por la Democracia, la iniciativa está considerada entre las 36 medidas propuestas por Bachelet para los primeros 100 días de su gobierno.
Mientras que el aumento de las pensiones ha recibido un respaldo abrumador, incluido el de la oposición ultraconservadora, la decisión de «amarrarla» a mantener el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 19 por ciento ha encontrado una enconada resistencia.
Siguiendo la misma línea de los gobiernos anteriores, el ex presidente Ricardo Lagos obtuvo en 2003 la aprobación congresional para subir el IVA de 18 a 19 por ciento a fin de cubrir otros planes sociales, pero con la promesa de rebajarlo nuevamente en enero de 2007, lo que ahora ya no será cumplido.
El proyecto de Bachelet fue aprobado la semana pasada en la Cámara Baja gracias al voto mayoritario de la bancada gubernamental, pero la oposición de derecha -también en bloque- rechazó el capítulo del IVA.
Ese mismo escenario seguramente se repetirá hoy en el Senado, pues la oposición ha declarado que no apoyará la medida, que considera no sólo innecesaria, sino además «oportunista» de parte de la gobernante, quien había declarado durante su campaña que no subiría los impuestos.
Sectores que apoyaron y aún respaldan a Bachelet indicaron que al incluir en el proyecto de reajuste de las pensiones mínimas y asistenciales la mantención del IVA en 19 por ciento, la mandataria defraudó a los que creyeron en sus promesas de protección social.
«No puede darse beneficios sociales con cargo a los propios beneficiarios», sostuvo Hugo Fazio, vicepresidente del Banco Central durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENSA).
En su defensa del proyecto, la mandataria chilena sostuvo que de no aumentarse el IVA deben incrementarse otros tributos, en una formulación dirigida a atemorizar a la oposición de derecha, si bien el gobierno dispone de diversas vías para financiar sus planes sociales.
Para Fazio, la mantención del IVA significa que en la práctica la renta disponible de las personas de menos ingresos se ha reducido durante los últimos tres gobiernos en un tres por ciento, en un país caracterizado por la regresividad en la distribución de los ingresos.
«El financiamiento de los programas sociales para beneficiar a las clases más humildes debe provenir de quienes han lucrado del modelo económico y no de sus víctimas», sostuvo el economista en declaraciones a la agencia de noticias Prensa Latina.
Según Fazio, desde 2004 hasta la fecha el país ha tenido elevados superávits fiscales, además de importantes ingresos adicionales por los altos precios del cobre que hacen innecesarios los aumentos del IVA, con lo cual coinciden otros economistas y centros de estudio.
«Un impuesto más elevado significa de inmediato una reducción en la renta personal de quienes destinan el total de sus ingresos al consumo, que son en su mayoría de la clase media hacia abajo. Eso equivale a dar con una mano y quitar con otra», afirmó.
Para los críticos de la mandataria chilena, la decisión de su equipo económico es una clara señal o «un sello de garantía», para quienes se están beneficiando con niveles impositivos muy bajos, de que este gobierno no tiene intención de cambiar las reglas del juego.
Santiago de Chile, 11 de abril 2006
Crónica Digital/PL , 0, 50, 3
