metas a conseguir hacia fines del Gobierno o incluso más allá de ello, traducido todo esto en una agenda de trabajo conjunto. Esto parece fácil decirlo, pero cuando bajamos a la realidad de los sectores, por supuesto que la cosa se complica, sobre todo, cuando se trata del sector rural chileno.
En efecto, su historia, la enorme inequidad existente, su propia heterogeneidad natural y la falta de organización de sus actores, nos presenta la imperiosa necesidad de una agenda público privada de trabajo, muy consensuada según las diferentes tipologías de los actores en que, sumadas esas agendas, signifiquen un Plan de Gobierno que apunte a objetivos y metas comunes.
Si no se hace esto y en la forma más difundida posible, se crea una sensación o imagen de estar reaccionando permanentemente a las diferentes circunstancias del día a día o, lo que es peor, estar atendiendo un subsector con la idea de que se está postergando a otro.
En el sector rural chileno hay, por lo menos, dos grandes ejes transversales que tenemos que tomar en cuenta para nuestra gestión público privada ideal. El primero, consiste en los habitantes del sector rural, agricultores comerciales, agricultura familiar campesina y pobres rurales y, el segundo, el eje institucional organizativo adecuado para una Agenda común, consistente también en tres tipos, el Gobierno Ejecutivo, desde el nivel nacional hasta el provincial, la municipalidad y el actor organizado.
Con estos dos ejes, se construye una plataforma de soporte donde se posicionan todas las actividades, planes y estrategias, constituyendo con ello la agenda de trabajo común entre actores e instituciones.
Toman sentido entonces, a partir de estos conceptos, la necesidad de decidir en conjunto, las actividades y responsabilidades. Solo bajo esta manera de trabajar habrá una concordancia entre las necesidades y los esfuerzos. Las acciones de Gobierno, en consecuencia, estarán en función de las reales prioridades de los agricultores comerciales, de subsistencia y de los pobres rurales, donde la institucionalidad se adecua con normas, financiamiento, fomento, investigación, organización, educación y capacitación, y donde la institucionalidad asume sus responsabilidades, el gobierno nacional y regional, el municipio y las organizaciones civiles.
Hoy día, la realidad chilena está todavía muy lejos de eso. Las instituciones públicas haciendo esfuerzos individuales, falta de organización de los actores y una municipalidad rural muy débil.
Por: Hugo Ortega T. Director de la Escuela de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad Central. El autor es Colaborador de Crónica Diigtal.
Santiago de Chile, 16 de junio 2006
Crónica Digital
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