ESTUDIANTES SECUNDARIOS ASISTEN A CRUCIAL DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

Las negociaciones se iniciarán a las 09:00 hora local en el Ministerio de Educación con un centenar de escuelas -incluyendo varias privadas- ocupadas o en huelga desde hace casi dos semanas y en víspera de una movilización nacional convocada para el martes.

Los estudiantes, apenas adolescentes, recibieron la víspera el respaldo del Partido Socialista (de la coalición de gobierno), del Colegio Metropolitano de Profesores y de la Asociación de Padres y Apoderados.

PROFESORES LLAMAN A UN PARO PARA MAÑANA

Los profesores anunciaron un paro de actividades el próximo martes y una concentración al filo del mediodía en la céntrica Plaza de Armas, mientras los padres advirtieron que en dependencia de los resultados de la mesa de diálogo iniciarán ese día una huelga de hambre.

El presidente del Colegio Metropolitano de Profesores, Jorge Abedrapo, y el dirigente nacional Jaime Gajardo, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), reiteraron su más decidido apoyo a las demandas de los jóvenes.

César Valenzuela (17 años), uno de los responsables del movimiento social que sacude al país, declaró a Prensa Latina que mantendrán firmemente los cuatro puntos fundamentales de sus demandas, encabezadas por la abolición de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).

Esa normativa, uno de los últimos «amarres» del ex dictador Augusto Pinochet antes de dejar el poder en 1990, rige el sistema educacional chileno, basado en la privatización y comercialización de la enseñanza.

La LOCE y todos sus derivados, llámense sistema de financiamiento y municipalización, han creado una política discriminatoria y excluyente, donde los ricos estudian en ambientes favorables al aprendizaje y los pobres en escuelas sin técnica ni financieramente.

Los estudiantes reclaman además gratuidad para las pruebas de ingreso a las universidades, para el transporte escolar y una revisión a fondo de la Jornada Escolar Completa (JEC), considerada por los jóvenes como un rotundo fracaso.

Gajardo aseguró además que la JEC ha perjudicado la situación económica de los maestros reduciéndoles en un tercio sus ingresos porque ya no pueden desplazarse a otros establecimientos para dar clases como ocurría antes de la aplicación de esa política.

Abedrapo, por su parte, afirmó que aparte del retroceso económico que implicó la JEC, ésta no cumple el espíritu para el cual fue implementada, como la creación de talleres o que los alumnos hagan las tareas en los establecimientos, entre otros.

PADRES Y APODERADOS ANUNCIAN HUELGA DE HAMBRE

Al mismo tiempo, el presidente de la Asociación de Padres, Ismael Calderón, criticó que el cuestionado ministro de Educación, Martín Zilic, haya delegado su responsabilidad en las negociaciones a la subsecretaria Pilar Romaguera.

Con su denominada «revolución de los pingüinos» (por la corta edad de los protestantes), los estudiantes han puesto a prueba la promesa de la presidenta Michelle Bachelet de hacer un gobierno «ciudadano» y han provocado su primera crisis desde que asumió el 11 de marzo pasado.

«Los muchachos nos han dado una gran lección de firmeza y madurez. Han logrado lo que todos los partidos de la coalición oficialista juntos no han podido alcanzar en 16 años de gobiernos: poner en jaque la odiada ley pinochetista» señaló Calderón en referencia a la LOCE.

Por último, el representante de los padres de alumnos anunció que si el gobierno no solucionan los problemas de la educación chilena, iniciarian una huelga de hambre.

Mientras, el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Esteban Maturana, apoyó también «la acción valiente del mundo estudiantil, que ha logrado poner en primer plano el tema de fondo que subyace a la larga crisis de la educación chilena».

«Ello es resultado de las políticas de privatización de la educación iniciadas por la dictadura y continuadas por los anteriores gobiernos concertacionistas, con los deplorables resultados ya universalmente conocidos», indicó Maturana.





Fotos: Jorge Zuñega

Santiago de Chile, 29 de mayo 2006
Crónica Digital/PL
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Lun May 29 , 2006
El pasaportes es una tarea del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), que dirige Guillermo Arenas González, radical, dependiente del ministerio de Justicia, cuyo titular es Isidro Solís, también radical. Guillier anunció que el Colegio de Periodistas de Chile, que preside, introducirá un recurso de protección ante los tribunales si la situación de Uribe no se resuelve en un tiempo razonable. En el programa dominical Tolerancia Cero, de Chile Visión, el dirigente de los periodistas aclaró que Uribe no tiene absolutamente ninguna causa pendiente con la justicia, a diferencia de numerosos otros periodistas chilenos que se encuentran procesados en tribunales civiles o militares por supuestos delitos de opinión, como es su propia situación. Uribe, quien fue director del diario vespertino izquierdista Las Noticias de Última Hora [desaparecido con el golpe de 1973], es un periodista a quien la dictadura de Augusto Pinochet le quitó la nacionalidad chilena, por un trasnochado acuerdo del gabinete adoptado en 1974. El co fundador de la Felap reside en Chile desde que regresó del exilio en México en 1989. La última versión de su pasaporte Nº 1.579.348-1 la obtuvo el 5 de junio de 2001, pero el documento caducará el próximo 5 de junio, cuando cumpla 5 años, y por lo tanto ninguna línea aérea se lo acepta. La última vez que lo utilizó para salir al exterior fue en julio de 2005, con motivo de un encuentro de la Felap realizado en Buenos Aires. Uribe, además, ha sido dirigente nacional del Colegio de Periodistas de Chile entre 1960 y 2000. Según relató el mismo Uribe, a las 24 horas de solicitar su renovación le avisaron telefónicamente que acudiera al SRCEI porque tenía problemas “pendientes”. Y allí comenzó una pesadilla tipo Kafka: primero le exigieron que “comprobara” por sí mismo haber cumplido la condena a prisión fallada en… 1951 por el delito de injurias al entonces Presidente de la República Gabriel González Videla. Se trata de la causa 23/51 instruida hace más de medio siglo por la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, el propio Uribe debería exhibir ante el Servicio de Registro Civil e Identificación otro papel, llamado “Resolución de término” o finiquito de una segunda causa, distinta, de libertad de expresión de 1969, el “Rol 30-69”, también de la Corte de Apelaciones, por un juicio del entonces ministro Hacienda Andrés Zaldívar [hoy ministro del Interior] que terminó en avenimiento de las partes, sin que hubiera fallo. Si el primer episodio ocurrió hace 55 años, desde el segundo han transcurrido 37 años y ambos tienen relación con viejas restricciones de la libertad de expresión, algunas ya derogadas o reemplazadas por otras. Todo esto sucede hoy en un ordenamiento jurídico donde la prescripción judicial ocurre a los 5 años si el encausado ha permanecido dentro del país y a los 10, si el afectado está en el exterior. Los abogados consultados, y él mismo Uribe, consideran que se trata de un hecho aberrante, irracional, que viola la Constitución y los derechos ciudadanos. En primer […]

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