El controvertido dirigente aprista será recibido por la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda, mientras su asesor de Relaciones Internacionales, José Antonio García Belaúnde, sostendrá un encuentro con el canciller Alejandro Foxley.
Fuentes oficiales indicaron que no serán tratados los temas conflictivos en las relaciones bilaterales, como el diferendo por la delimitación de la frontera marítima entre ambos países, que Perú planteó revisar durante el gobierno de Alejandro Toledo.
La visita, segunda que realiza García al exterior desde que fue electo el pasado 4 de junio, no ha estado exenta de polémica, ya que organizaciones de refugiados anunciaron que aprovecharán la oportunidad para interponer una querella en su contra.
El presidente del Comité de Refugiados Peruanos, Raúl Paiva, explicó que la demanda en los tribunales será patrocinado por los abogados chilenos Roberto Avila y Hugo Gutiérrez, conocidos activistas de derechos humanos.
Según Paiva, durante el gobierno de García «fuimos testigos de numerosos crímenes cometidos bajo su mandato y también formó el grupo Rodrigo Franco, que hizo desaparecer a muchos académicos, universitarios en nuestro país».
El abogado Gutiérrez fue más allá, al sostener que «Alan García es un criminal de lesa humanidad y un genocida y que debe ser juzgado en cualquier parte donde se encuentre».
La diligencia judicial será presentada las 11:00 horas (local), justo cuando el dirigente peruano pise suelo chileno. En una carta entregada la víspera en La Moneda, la organización de refugiados pidió a Bachelet que cancele el encuentro previsto para el mediodía de hoy.
«Este es un hombre que está seriamente comprometido con las violaciones a los derechos humanos, por lo que creemos que no debe ser recibido por la Presidenta», aseveró Gutiérrez.
La demanda se fundamenta en los crímenes de lesa humanidad -que son imprescriptibles- cometidos en el vecino país durante el primer gobierno de García (1985-1990), según confirmó el jurista a la Agencia Prensa Latina.
Dijo que en Chile residen un número importante de personas que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante su administración, lo que justifica plenamente la presentación de una demanda ante los tribunales locales.
«Todo el mundo habla del desastre económico en que dejó a Perú al termino de mandato, pero nadie se acuerda de las matanzas ocurridas el 11 y 12 de junio de 1986 en las prisiones de El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho, en las que murieron centenares de presos», subrayó.
Santiago de Chile, 22 de junio 2006
Crónica Digital/PL
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