En el país, dijo, lamentablemente es un flagelo que afecta directamente la vida de las familias, por lo que el financiamiento para el Programa de prevención y atención de Violencia Intrafamiliar, fue aumentado de $3.789 millones a $5.103 millones de pesos.
Escalona calificó éste como un «aumento sustantivo de aproximadamente $ 1.300 millones de pesos, con el propósito que los programas de prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar se puedan fortalecer y prestar una mejor atención».
Destacó también la asignación para Centros de atención integral y prevención de la Violencia Intrafamiliar, que se elevó de 2.666 millones a $3.980 millones de pesos, «o sea, casi 1.400 millones más, lo que también viene a ser un aumento sustantivo con el propósito de mejorar, ampliar y extender a las víctimas de la Violencia Intrafamiliar y especialmente a las mujeres víctimas de la misma, ya que lamentablemente no hemos logrado terminar con esta lacra social que está afectando a la sociedad chilena».
El senador Camilo Escalona concluyó diciendo que para los parlamentarios que «nos hemos comprometido en esta lucha para terminar con los abusos y los maltratos a la mujer chilena, es una gran noticia y nos estimula a proseguir en este esfuerzo, ya que el Sernam ha visto incrementado notablemente los recursos con los que puede trabajar durante el 2008, con el objeto de cesar y poner término a la violencia intrafamiliar en el país».
Santiago de Chile, 8 de noviembre 2007
Crónica Digital
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Jue Nov 8 , 2007
‘No obstante, en la discusión que se ha abierto en esta materia, a veces de manera interesada, otras inconscientemente, se ha tendido a confundir diversas cuestiones, que si bien, en algunos casos, tienen que ver con el tema, no son las que debiéramos discutir. 1.-Lo primero al respecto, es clarificar que no se está reestructurando el conjunto de las instituciones estatales que dicen relación con la Seguridad en general, y con la Seguridad Pública en particular. En efecto, el Estado, para llevar adelante la política criminal, es decir la estrategia con que define y enfrenta a la delincuencia, cuenta con un conjunto de instituciones, de distinta naturaleza y de diverso rango, que cumplen diferentes funciones. Entre otras, son muestras claras de ello, el Poder Legislativo, que crea la ley penal, el Poder Judicial y el Ministerio Publico que la aplican y el Poder Ejecutivo, que a través de las policías contribuye a aplicarla y con el Sistema de Ejecución de Penas (Gendarmería), la ejecuta. Durante los últimos años, se han producido importantes cambios en este campo. La reforma procesal penal es, por ejemplo, una realidad imposible de soslayar. A pesar de estas verdades ineludibles, de la discusión pareciera desprenderse que la reestructuración de la institucionalidad del ejecutivo que se pretende, abarcará en realidad a todos los poderes del estado y a todas las instituciones, y que, por lo tanto, de ella dependerán todos los resultados en la materia. Esto no es ni será así. La reestructuración se refiere sólo a una parte de la institucionalidad que depende del ejecutivo, y por lo tanto su incidencia en el resultado final, será solo en alguna parte. Además, se debe tener en cuenta que todo lo que hace, no solo el ejecutivo, sino el Estado en su conjunto, es sólo uno de los factores que inciden en la seguridad y en la sensación de seguridad. 2.-Al mismo tiempo, la discusión se hace teniendo de fondo perspectivas diferentes respecto de los fundamentos de la política criminal que se quiere que estos órganos implementen. Se hace de esta manera, una discusión engañosa, mostrando como objeto de ella a la institucionalidad, cuando lo que se pretende, por algunos, es imponer ciertas opciones de política criminal. Esta discusión, como ha dicho recientemente la Iglesia Católica, por versar sobre la formas mas intensas y duras que tiene el Estado de intervenir sobre las personas, debe ser lo mas participativa, amplia, clara y difundida que se pueda. En realidad debe haber un mínimo de discusión y difusión, que en caso de no cumplirse, impida, en todas las políticas públicas, su ejecución. En el uso del poder penal no es posible sostener ni la representación política absoluta, ni la ficción legal de conocimiento de la ley. En especial, nos referimos a la necesidad de poner en discusión, las perspectivas autoritarias y simplistas, por una parte, que estiman que solo se trata de tener mano mas dura y mas eficiente; y / o propuestas totalizantes por otra, que entienden toda la […]
