Desde 1994, casi ininterrumpidamente, los copartidarios de Bush mantuvieron el control de la Cámara alta, lo cual le facilitó al mandatario llevar adelante muchas de sus controversiales políticas.
Según la constitución, el Presidente necesita del visto bueno del Senado para concluir acuerdos y tratados internacionales, designar a funcionarios para los Departamentos Ejecutivos (Secretarías), embajadores, cónsules y magistrados de los Tribunales de Justicia.
Al menos, la Oficina Oval debe gozar del consentimiento de dos tercios de los 100 integrantes de la Cámara alta para poder llevar adelante decisiones de esa naturaleza.
La correlación de 51 demócratas y 49 republicanos que tendrá a partir de enero el Senado pone en una situación muy incómoda al presidente Bush.
Analistas dan por hecho que la mayoritaria bancada opositora pondrá fin al nombramiento como embajador de Estados Unidos ante la ONU de John Bolton, quien en agosto de 2005 asumió el cargo gracias a una maniobra de la Casa Blanca durante un receso legislativo.
La designación de Bolton expira en enero próximo con el final del 109 Congreso, de manera que Bush tendría que recurrir al Senado para prorrogar la estadía del polémico funcionario en Nueva York.
El gobernante también puede encontrar serios obstáculos a su hasta ahora casi expedita política a favor de tratados de libre comercio sin ataduras.
A toda luz, es muy probable que no sea renovada la autorización de poderes especiales que concedió el Senado de mayoría republicana a Bush, para negociar acuerdos de libre intercambio de mercancías con otras naciones.
La denominada Trade Promotion Authority (TPA o «vía rápida»), que expira el 1 de julio de 2006, le ha permitido al mandatario someter al voto del órgano legislativo sus proyectos de tratados sin que los diputados puedan modificarlos.
Aún el Ejecutivo tiene ante sí la dura prueba de recibir la luz verde del Senado para los acuerdos comerciales con Perú y Colombia, empantanados por el pedido demócrata de incluir cláusulas laborales más duras.
Este jueves el congresista demócrata Charles Rangel consideró que Washington debe renegociar con Lima un TLC que obligue al país sudamericano a cumplir con los estándares laborales internacionales.
Santiago de Chile, 9 de noviembre 2006
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