La diligencia, que duró poco más de una hora, fue llevada a cabo por la jueza María Angélica Rodríguez en dependencias del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, en el marco de dos exhortos enviados por la justicia peruana, según indicaron fuentes judiciales.
Uno de esos documentos busca precisar el financiamiento de su campaña presidencial de 1990 y los presuntos aportes que habría recibido de parte del desaparecido jefe del cartel colombiano de Medellín, Pablo Escobar.
El otro tiene que ver con la firma de un decreto de su gobierno por el que habría traspasado dinero fiscal de un ministerio a otro.
La jueza había rechazo ayer interrogar al ex mandatario en su lujosa casa en la comuna de Las Condes, en esta capital, y ordenó que la diligencia se realizara en la sala común donde se atiende a cualquier imputado.
Fujimori ingresó al tribunal por una puerta lateral y en el perímetro en las proximidades del recinto se apostó un fuerte contingente policial.
El ex gobernante estuvo acompañado por su abogado Francisco Veloso, quien precisó que en el caso de narcotráfico su cliente prestó declaración en calidad de testigo, mientras que en el caso del decreto lo hizo como imputado.
El controvertido ex mandatario debe precisar las relaciones que mantuvo con el narcotraficante Escobar, y sobre los presuntos aportes que recibió para su campaña presidencial de 1990.
El exhorto peruano contiene una serie de registros de llamadas telefónicas entre Antioquia, provincia colombiana, donde Escobar tenía una de sus haciendas, y Perú.
Según versiones de prensa, hasta ese lugar habría llegado el ex asesor de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos para iniciar los contactos entre el narcotraficante y Fujimori.
El interrogatorio de 50 preguntas y una serie de diligencias solicitadas por Perú fue autorizado por la Corte Suprema chilena, que mantiene pendiente un proceso por la extradición de Fujimori.
Tras permanecer seis meses detenido, el ex gobernante salió en libertad provisional hace varias semanas, y poco días después generó una fuerte queja del gobierno de su país por una serie de declaraciones de carácter político relacionadas con la campaña electoral en su país.
Santiago de Chile, 14 de junio 2006
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