El magistrado formuló cargos como autores del delito de remoción de cuerpos contra Eliseo Antonio Cornejo, Hernán Ricardo Canales, José Nelson Canario, Luis Antonio Fuenzalida y Darío Ernesto Gutiérrez.
Por el mismo ilícito también fueron procesados Fernando Remigio Burgos, Sergio Antonio Medina e Isidro Custodio Durán, mientras José Jaime Darrigrandi fue encausado como cómplice. Las exhumaciones ilegales fueron perpetradas el 23 de diciembre de 1978.
El magistrado acreditó en su resolución que tras el golpe militar los asesores del derrocado Presidente Salvador Allende fueron trasladados hasta el Regimiento Tacna, y luego al Fuerte Arteaga de Peldehue, donde fueron fusilados.
Cinco años más tarde los cadáveres fueron desenterrados para posteriormente ser lanzados al mar desde un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército.
La lista de víctimas consigna a Jaime Barrios Meza (47 años) ingeniero comercial, gerente general del Banco Central; Enrique Huerta Corvalán (48 años) intendente de Palacio, y Claudio Jimeno Grendi (33 años) sociólogo y dirigente del Partido Socialista.
También estuvieron Georges Klein Pipper (27 años) médico siquiatra dirigente del Partido Comunista; Arsenio Poupin Oissel (38 años), subsecretario general de Gobierno y Daniel Escobar Cruz (37 años), jefe de gabinete del subsecretario del Interior.
Además, a los miembros del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) Oscar Lagos Ríos (21 años), Juan Montiglio Murúa (24 años), Julio Moreno Pulgar (24 años) telefonista y ordenanza en La Moneda; Julio Tapia Martínez (24 años), Oscar Valladares Caroca (23 años) y Juan Vargas Contreras (23 años), todos ellos del Partido Socialista.
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