La medida busca reparar el daño social que generaron en la zona las ya famosas casas Copeva.
A fines de septiembre pasado, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago anuló las indemnizaciones establecidas por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago a 1.200 familias, al establecer que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y la municipalidad de Pudahuel debían pagar en conjunto tres millones de pesos a cada grupo familiar por su responsabilidad en los daños sufridos en las residencias básicas tras los temporales de 1997.
El abogado de los afectados informó la presentación de un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, dando cuenta de los vicios legales en los que incurrió el tribunal de alzada capitalino al fundar su dictamen en el Decreto Supremo 235 de Vivienda de 1985, que había creado las llamadas «entidades organizadoras», las cuales tenían por objetivo dar cumplimiento a los objetivos del Programa PET.
Santiago de Chile, 10 de octubre de 2006.
Crónica Digital /Agencias
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