Jovino Novoa y Carlos Larraín, presidentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), respectivamente, señalaron que la iniciativa sólo conviene a los intereses de la coalición gobernante.
Ambos líderes señalaron que no apoyarán ninguna de las tres alternativas presentadas por la comisión que presidió Edgardo Boeninger y que busca instaurar un sistema electoral proporcional en sustitución del binominal heredado de la dictadura militar.
Novoa dijo que las propuestas no corrigen ninguno de los supuestos problemas de la norma actual y son más bien «trajes a la medida» para que la coalición gobernante aumente su representación parlamentaria con los mismos votos.
Larraín, en tanto, señaló que «si el proyecto se basa en las conclusiones del informe, este va a ser rechazado unánimemente por los parlamentarios de la Alianza opositora».
Señaló que en el documento «existe un impulso definitivo por alcanzar el poder total para la coalición de izquierda», lo que a su parecer significaría «la sentencia de muerte del sistema de división de poderes en Chile».
La normativa no define los alcances del sistema escogido para sustituir el binominal y sólo establece el incremento de 120 a 150 diputados y de 38 a 50 senadores. Además elimina las restricciones a dirigentes sindicales para postular al Parlamento.
Como alternativa para aumentar la representación considera una nueva distribución de distritos electorales a nivel provincial, es decir, cada provincia un distrito.
Determina además un reagrupamiento de los distritos, en el que cada una de estas divisiones territoriales tendría entre dos y seis diputados; o una alternativa en que cada uno tendría entre dos y ocho.
La oposición de derecha, principal beneficiaria del actual sistema, se negó desde un inicio integrar la comisión nominada por la presidenta Michelle Bachelet para elaborar propuestas de consenso.
El cambio del sistema binominal, aprobado en 1988 por el ex dictador Augusto Pinochet para asegurar el poder político de la derecha, es una de las 36 medidas propuestas por la mandataria chilena para los primeros 100 días de su gobierno.
La normativa permite que ambas coaliciones -de gobierno y oposición- se repartan virtualmente a partes iguales los escaños parlamentarios, mientras excluyen a los partidos de izquierda, a representantes gremiales y de organizaciones sociales de base.
Santiago de Chile, 15 de junio 2006
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