El recurso, presentado por el abogado defensor Ciro Colombara, pretendía excluir a la magistrada del caso para evitar que fuera ella quien dictara sentencia.
De acuerdo a la defensa, la solicitud se fundamentaba en que las normas del sistema procesal antiguo, que permitía a un mismo juez investigar, procesar y dictar sentencia, no garantizan el debido proceso.
Por ello, la acción judicial ante el tribunal Constitucional buscaba impedir que la magistrada dictara condenas en las más de 20 aristas del caso MOP-GATE. Hasta ahora dos de las sentencias dictadas por Chevesich han sido consideradas como «duras» en círculos judiciales: en una condenó al ex ministro Carlos Cruz a cuatro años de presidio con libertad vigilada y, en otra, sentenció a ex funcionarios de la Universidad de Chile a cancelar $ 132.610.991 millones.
Santiago de Chile, 29 de diciembre de 2006.
Crónica Digital / Agencias
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