Los hermanos Jaime y Juan Marileo, Juan Carlos Huenulao y Patricia Troncoso, quienes se reponian en el centro hospitalario luego de 63 días de ayuno en reclamo de justicia, insistieron que no van a esperar hasta que el congreso decida en junio próximo si les conceden o no la libertad.
«Si nos quedamos aquí le estamos haciendo un favor al Estado», dijo Troncoso, activista indígena condenada junto a sus compañeros a 10 años de prisión y el pago de una indemnización de 820 mil dólares, acusados de dar fuego a los predios de una firma forestal extranjera en 2001.
Los cuatro, procesados bajo una ley antiterrorista, esperan por una iniciativa parlamentaria presentada al parlamento con carácter de urgencia que permitiría al gobierno, en caso de aprobación, dejarlos en libertad bajo la condicionante que renuncien al uso de la violencia.
Esos activistas solicitaron al ministerio de Justicia su traslado hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, donde cumplen su condena, para mantener la protesta luego de vencer el plazo acordado con una misión mediadora el 14 de mayo pasado.
«Somos presos. Retomamos esta huelga y es en la cárcel donde debemos estar», señalaron por su parte los hermanos Jaime y Juan Marileo, quienes se consideran inocentes de los cargos de «incendio terrorista» por los que fueron juzgados y condenados en 2005.
La normativa, presentada por el senador Alejandro Navarro, ya fue aprobada en primer instancia por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, pero deberá esperar ahora hasta principio de junio para continuar su tramitación por un largo feriado del parlamento.
«No vamos a esperar hasta el mes entrante para que nos den la libertad. La huelga se termina el día que ya no estemos detenidos», advirtió Huenulao.
Los comuneros señalan que en el acuerdo suscrito con senadores socialistas y el obispo Manuel Camilo Vial nunca se les mencionó que el proyecto de ley, que busca su libertad condicional, sería revisado por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
Subrayaron que ese cuerpo legislativo está compuesto por legisladores de la extrema derecha «que siempre han estigmatizado con la violencia y la criminalización de nuestras demandas como pueblo mapuche».
Ayer, los condenados fueron visitados en el hospital por Moira Millán, dirigente del Frente de Lucha Mapuche de Argentina, mientras el intendente regional, Eduardo Klein, llamó a los huelguistas a recapacitar y deponer su actitud.
«Nos ha sorprendido esta decisión. El gobierno, junto con un grupo de parlamentarios, estimaba que el camino iniciando era el adecuado. Las vías son el diálogo y los caminos pacíficos», apuntó.
Santiago de Chile, 22 de mayo 2006
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