Las últimas pesquisas del juez Cerda, quien instruye el caso, apuntan a los movimientos financieros que realizó el alto jefe militar mientras se desempeñaba como presidente de la Fundación Mi Casa, una institución «no lucrativa» ligada al Ejército.
En una resolución emitida ayer, el magistrado anexó al expediente copias autorizadas de dos carpetas, vinculadas con Romero, que fueron identificadas en los archivos de la empresa Iron Mountain, una compañía que actúa como bodega de custodia de documentos bancarios.
Cerda había ordenado la semana pasada a la Policía de Investigaciones incautar documentos de Iron Mountain para examinar esa situación, señalaron fuentes cercanas a la investigación, citadas por el diario La Tercera.
El actual auditor general de la institución castrense ocupó la presidencia de Mi Casa entre 1973 y 1998 y, de acuerdo al expediente, durante ese período había mantenido, a lo menos, dos cuentas bancarias, una en el Citibank y otra en el Banco de Chile.
Según los antecedentes, Romero habría solicitado en 1982, en su calidad de presidente de la fundación, dos créditos por un monto total de 300 mil pesos de esa época. La eventual irregularidad estaría dada en que la fundación, por su estatus, no tiene fines de lucro.
El juez además mantuvo la medida precautoria de no trasladar, remover o retirar de Iron Mountain documentos relativos a depósitos, captaciones y otras operaciones que haya realizado el general, un militar que estuvo muy ligado al ex dictador chileno.
Fuentes próximas a la investigación señalaron que los movimientos financieros de Romero se relacionan con la búsqueda del origen de los millonarios fondos que manejaba Pinochet.
Romero dejará el cargo este 28 de febrero, luego de servir como auditor general del Ejército en los últimos seis años. Actualmente existe contra él una querella en los tribunales por estafa, presentada por el sindicato de trabajadores de la fundación que él dirigió.
La nueva arista se suma a una cadena de escándalos que enfrenta el Ejército chileno por tráfico de armas, accidentes por errores de los mandos, obstrucción de la justicia y misteriosas muertes de conscriptos que pasaban el servicio militar obligatorio.
Solamente en 2005, la institución perdió casi medio centenar de efectivos en dos grandes tragedias: una en mayo donde murieron 44 reclutas y un sargento en la cordillera andina, y otra tres meses después en la Antártica, en que perecieron un capitán y dos suboficiales.
En ambos casos se determinó que las causas estuvieron ligadas a serias deficiencias internas, abusos de poder de los mandos, ocultamiento de información y falta de ética militar, por lo cual han sido procesados hasta el momento varios oficiales de bajo rango.
Organizaciones políticas, legisladores y familiares de las víctimas, sin embargo, se quejan de que la justicia no ha llegado aún a los altos mandos, donde aducen está la responsabilidad primaria por las tragedias que han enlutado a decenas de familias humildes.
Santiago de Chile, 11 de febrero 2006
Crónica Digital/PL , 0, 40, 3
