En su presentación, Claude insistió en los tres puntos que motivaron la denuncia contra el Estado chileno: que el Estado poseía información relevante para la discusión sobre las consecuencias del proyecto Río Cóndor; que ésta fue solicitada oportunamente y por los canales apropiados, y que el gobierno, encabezado en esa fecha por el ahora presidente del Senado Eduardo Frei, deliberadamente se negó a hacer pública dicha información.
El caso Trillium hace referencia a las intenciones de esta Forestal estadounidense de explotar 250 mil hectáreas de bosque de lenga en la Duodécima Región. Sin embargo, la fuerte oposición de organizaciones ecologistas impidió la materialización del proyecto, pues las exigencias ambientales encarecieron la iniciativa de la empresa transnacional, obligándola a ceder sus terrenos al banco de inversiones Goldman Sachs producto de sus compromisos financieros impagos, entidad que a su vez donó los terrenos a una ONG ambientalista.
No obstante, Trillium contó siempre con el apoyo de los organismos estatales encargados de velar por el medioambiente y también con el respaldo del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Mientras la CONAMA aprobaba el proyecto Río Cóndor, nosotros solicitábamos información y antecedentes para medir el impacto de Trillium y sus alcances. Sin embargo, siempre se nos negó el acceso a la información pública, un elemento central de las democracias modernas. Para contrarrestar esta cultura del secretismo acudimos a la CIDH. La información es poder y, por eso, sus administradores la maniatan y la ocultan a la ciudadanía, agregó Claude.
El economista indicó que ahora la CIDH tiene seis meses para emitir un fallo, en un juicio que está siendo seguido con amplio interés por los juristas latinoamericanos, pues sienta un precedente internacional en juicios contra un Estado por este tipo de causas.
Buenos Aires, 3 de abril 2006
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