La diputada del PPD y representante de la Región de Ñuble, Patricia Rubio, presentó un proyecto de ley que busca establecer un mecanismo por el cual la ciudadanía, -que ha demostrado un ánimo conservador ambiental bastante superior a los diversos órganos del Estado en el último tiempo- pueda realizar directamente la solicitud al Ministerio del Medio Ambiente para la declaración de un humedal urbano.
«Esta es una iniciativa que surge directamente de vecinos y vecinas quienes me han señalado su interés en proteger los humedales que existen en las zonas urbanas, que están siendo dañados o incluso desapareciendo debido a la acción humana; o por el cambio climático que ha afectado el tamaño, la estructura, hidrología y las comunidades biológicas que habitan en ellos», explicó la diputada Rubio.
La parlamentaria agregó que «en el año 2017, el Ministerio del Medio Ambiente realizó un catastro donde se contabilizaron cerca de 18.000 humedales en nuestro país, que equivalen a una superficie de 1.460.400 hectáreas. Sin embargo, a pesar de ser ecosistemas acuáticos importantísimos, fundamentales en la regulación de los gases de efecto invernadero en el planeta, creemos que nuestro país sigue al debe en su protección, principalmente por la demora que han presentado los procesos de declaración de humedales urbanos», aseguró Patricia Rubio.
«Lo que queremos con esta iniciativa es que además de los Municipios, se le entregue a la ciudadanía la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Buscamos impulsar la democracia ambiental, es decir, resaltar el derecho de participación en la toma de decisiones ambientales. Hacemos un llamado al Gobierno a patrocinar esta iniciativa para que tenga una rápida tramitación y se convierta pronto en ley», sostuvo la legisladora.
El texto legal establece que podrán hacer esta acción «a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica que tengan presencia demostrable en el territorio en el que se emplace el humedal, a través de sus representantes, o un mínimo de 25 personas naturales directamente interesadas en la protección del humedal, o de, a lo menos, una organización sin fines de lucro dedicada a la protección y defensa del medio ambiente, o a la sustentabilidad de los bienes hídricos o a la protección de los humedales».
Asimismo, el proyecto establece que «el Ministerio del Medio Ambiente deberá pronunciarse dentro de un plazo de 3 meses”.
