Las acciones aisladas ocurren mientras grandes columnas de trabajadores se concentran en esta ciudad y el vecino municipio de El Alto, para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, en torno al liderazgo del presidente Evo Morales.
El servicio de transporte interdepartamental (interprovincial) paralizó labores contra el pago de impuestos decretado por el Ejecutivo, mientras una huelga se mantiene en la oriental ciudad de Puerto Suárez, en favor de una empresa ilegal.
La medida de los transportistas consistió en el retiro de los autobuses que cubren el servicio, privando del mismo a la población en La Paz y otros puntos del país, según informaron las terminales de ómnibus.
La orden de que los empresarios de ese sector emitan facturas y paguen impuesto como cualquier otro negocio, rige desde hoy y las autoridades multaron y clausuraron a dos empresas que intentaban vender pasajes sin la factura que acredita el pago de tributos.
El gobierno ratificó la decisión de hacer pagar impuestos a los transportistas, que pretenden acogerse a un régimen de excepción y tributos mínimos que beneficia a los choferes del servicio urbano, cuyos limitados ingresos les sirven para sobrevivir.
Entretanto, continúa en Puerto Suárez, ciudad fronteriza con Brasil, una huelga general iniciada por el comité cívico lugareño el pasado jueves, contra la expulsión, que el gobierno califica de definitiva e innegociable, de la empresa metalúrgica brasileña EBX.
El gobierno confirmó que la guarnición militar lugareña está en alerta y el viceministro del Interior, Rafael Puente, precisó que los uniformados solamente intervendrán si los manifestantes cierran las válvulas del gasoducto que pasa por el lugar y abastece a Brasil.
Según radioemisoras de Puerto Suárez, grupos de lugareños montan guardia en las puertas ante la cercana planta de EBX, para impedir que sea ocupada y cerrada en aplicación de la orden de un juez que acogió una demanda gubernamental.
El Ejecutivo decidió el cierre de la planta por estar instalada, sin licencia, a menos de 50 kilómetros de la frontera con Brasil, zona en la que la Constitución prohibe los asentamientos extranjeros.
EBX es acusada, además, de violar la legislación ambiental, por haber instalado hornos de fundición para la producción de arrabio -derivado primario del hierro- que utilizan carbón vegetal como combustible.
El paro recibió el apoyo del prefecto (gobernador) del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, en cuya jurisdicción se encuentra Puerto Suárez y acusado de vínculos empresariales con EBX.
En la ciudad de Santa Cruz, entretanto, el comité cívico departamental, bajo fuerte influencia empresarial y empeñado en una dinámica opositora, confirmó un paro general de 24 horas por la contratación de más personal para la educación y la salud.
El Gobierno afirma haber aumentado el número de maestros y trabajadores de la salud en Santa Cruz en número considerable y en la medida de las posibilidades fiscales, que, asegura, no dan para más, y asegura sospechar que el paro tiene móviles políticos.
La Paz, 1 de Mayo 2006
Prensa Latina , 0, 85, 15
