En una conversación telefónica, Michelle Bachelet y Alan García declararon superado el impasse provocado por un error en la definición limítrofe de una nueva provincia del extremo norte chileno, que linda con Perú y con Bolivia.
Tras varias semanas de rumores y trascendidos sobre el disgusto de Lima, el Tribunal Constitucional chileno decretó la invalidez del nuevo trazado y la cancillería chileno aceptó el fallo, lo cual provocó satisfacciones, aunque cautelosas, en el Perú.
Al final, Bachelet y García debieron reiterar su compromiso y voluntad política de «continuar avanzando hacia la construcción de una relación estable y basada en una lógica de integración y cooperación en todos los planos», según un comunicado oficial.
Pero, el tema peruano-chileno hoy es otro: la extradición a Perú por varios crímenes de lesa humanidad y corrupción de Fujimori, quien reside aquí bajo un régimen de libertad provisional con orden de arraigo que le impide abandonar legalmente el país.
El ex mandatario, de origen japonés, luego de un escándalo de corrupción en su gobierno (1990-2000), huyó de Lima en noviembre del 2000, rumbo a Japón, desde donde renunció -por fax- a su cargo.
En noviembre del 2005, procedente de Tokio, llegó a Chile, donde fue detenido pero, en mayo del 2006, fue beneficiado con libertad provisional a la espera del dictamen de los tribunales de justicia sobre el pedido de extradición.
Analistas chilenos coinciden con abogados peruanos en el sentido de que, ante la posible aprobación de su extradición a Perú, Fujimori, quien acaba de veranear en un lujoso balneario del norte chileno, adonde llegó en un avión privado, pudiera darse a la fuga.
Para evitar la fuga y reactivar el pedido de extradición de Fujimori Lima decidió enviar a Santiago al procurador Carlos Briceño y al abogado Omará Chehade, jefe de Extradiciones de laá Procuraduría Anticorrupción.
El mero anuncio de ese viaje causó preocupación a la defensa del ex mandatario Alberto Fujimori, trascendió hoy en círculos judiciales.
A través de Alfredo Etcheberry, el abogado chileno (que estuvo la semana pasada en Lima), los procuradores peruanos tendrán contacto con las autoridades judiciales chilenas hasta el 1 deá febrero, buscando que le sea revocada la libertad condicional a Fujimori.
La Corte Suprema chilena rechazó a mediados de este mes una solicitud de la defensa de Fujimori de reabrir el sumario, considerada una maniobra para ganar tiempo, por lo que se acerca así la etapa del fallo.
Y, también, de las reacciones tanto en Chile como en Perú.
Por Jorge Luna. El autor es corresponsal de Prensa Lat6ina en Chile.
Santiago de Chile, 31 de enero 2007
Crónica Digital , 0, 19, 3
