La sentencia de la Sala del Máximo Tribunal fijó en 50 millones de pesos, uno 95 mil dólares, el monto que debe cancelar el Estado a los parientes del muchacho, que al momento de los hechos tenía 14 años de edad.
En la resolución se consigna que el joven pereció a raíz del impacto de una bala del arma que portaba el carabinero Miguel Ángel Ortiz, a quien en 1994, la Corte Marcial le aplicó una pena de 541 días de reclusión como autor de cuasidelito de homicidio.
En uno de los considerandos se establece que el fisco debe hacerse responsable de estos hechos, puesto que quedó acreditada la participación de funcionarios públicos, cuyo deber era dar protección a la ciudadanía, y en forma temeraria e imprudente se posibilitó que un organismo de la administración de Estado vulnerara tal precepto, con las consecuencias antes descritas.
El 30 de agosto de 1988, en el marco de una manifestación en contra la dictadura de Pinochet, tras ser elegido candidato para aspirar a la presidencia, personal de la policía uniformada reprimó a activistas en la comuna de La Granja, a raíz de la quema de una sede municipal.
Se consigna en el fallo, que Sergio Albornoz había salido a comprar cuando recibió el impacto de bala que le causó la muerte.
Santiago de Chile, 15 de diciembre 2005
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