La decisión, adoptada por 13 votos contra cinco en el pleno del tribunal capitalino, es la primera que se aplica al ex dictador chileno por delitos relacionados con apremios ilegítimos.
El abogado querellante Hernán Quezada dijo estar satisfecho por «la mayoría contundente» por la que fue aprobada la resolución, «un indicativo de que existen contundentes sospechas en la clara participación de Augusto Pinochet en estos crímenes».
La corte había dejado en estudio la petición de desafuero a fines de noviembre, luego de escuchar los alegatos de las partes y resolver traer a la vista los textos del careo que sostuvo Pinochet con el general (R) Manuel Contreras y el teniente (R) Ricardo Lawrence.
Los miembros del pleno también habían solicitado los exámenes médicos practicados a fines de octubre al ex dictador en el marco de la Operación Colombo, donde se determinó que se encontraba mentalmente apto para enfrentar la justicia.
La petición de desafuero fue elevada al tribunal por el juez Alejandro Solís, quien acreditó que Pinochet tuvo responsabilidad en 59 crímenes: 23 casos de torturas y 36 desapariciones.
El paradero de las víctimas se perdió precisamente en ese centro de detención clandestino emplazado en la comuna de Peñalolén, en la zona oriente de la capital, en hechos acontecidos entre 1974 y 1975.
La solicitud fue formulada por los abogados Hernán Quezada, Nelson Caucoto, Héctor Salazar, Fabiola Letelier y Sergio Concha, quienes consideran que los delitos perseguidos son de lesa humanidad.
Pinochet está ya procesado por los casos de Operación Colombo -por el que fue incluso fichado- y por cuatro delitos económicos en el marco de las millonarias cuentas secretas que mantuvo en el banco norteamericano Riggs.
Por la primera causa, guardó prisión domiciliaria por más de un mes. Fue dejado en libertad provisional en los primeros días de enero, luego de depositar más de 40 mil dólares en fianza.
Santiago de Chile, 20 de enero 2006
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