El vocero del ejecutivo, Ricardo Lagos Weber, aseguró que la administración seguirá haciendo los esfuerzos que sean necesarios «para que los tribunales ayuden a las familias a encontrar los restos de sus seres queridos y que se haga justicia».
La Moneda descartó, sin embargo, que esté estudiando alguna iniciativa para derogar la Ley de Amnistía, luego que el juez Víctor Montiglio aplicó el polémica a ex represores de la dictadura vinculados a la llamada Caravana de la Muerte.
El gobierno estima que la legislación vigente no busca la impunidad y por eso reiteran que el fallo del magistrado en favor de los ex militares que participaron en el sangriento operativo es sólo de primera instancia y el juicio no está terminado.
Respecto a una moción legislativa anunciada por parlamentarios de la coalición gobernante para eliminar la ley de amnistía, el vocero afirmó el Ejecutivo quiere estudiarla antes de pronunciarse, como lo había manifestado ya la propia Bachelet.
Para Lagos Weber, el fallo de Montiglio no sienta precedente para otros casos de derechos humanos. «Aquí las causas son falladas una a una en su propio mérito y con la legislación actual, en consecuencia no cabe plantearse el tema del precedente», sostuvo.
La semana pasada Montiglio absolvió al general (r) Sergio Arellano Stark, jefe del sangriento operativo militar que recorrió el país en octubre de 1973 ejecutando a prisioneros políticos por ordenes de Pinochet y que dejó un saldo de más de 70 muertos.
Lo mismo resolvió respecto al entonces jefe del Regimiento Rancagua de Arica, general (r) Odlanier Mena, quien ordenó las muertes de Oscar Ripoll, Julio Valenzuela y Manuel Donoso y luego las hizo aparecer como un accidente del tránsito, con la ayuda de los agentes Luis Carrera y René Bravo.
Un grupo de diputados anunció hoy que mañana ingresarán al Congreso un proyecto legislativo que busca declarar la nulidad de esta ley, aprobada por el ex dictador Augusto Pinochet en 1978 para proteger a los militares que participaron en crímenes.
Esta concede el beneficio a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hubieren incurrido en «hechos delictuosos» entre el 11 de septiembre de 1973 (fecha del sangriento golpe militar) y el 10 de marzo de 1978.
Santiago de Chile, 18 de abril 2006
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