Gobierno y oposición en Chile están abocados a nuevos encontronazos sobre el sensible tema de los derechos humanos ante la posibilidad de que presos por delitos de lesa humanidad pasen a prisión domiciliaria.
Esta semana el Congreso rechazó un proyecto para conmutar penas de cárcel por prisión domiciliaria a presos de la tercera edad y mujeres con hijos pequeños o embarazadas, que persigue reducir el hacinamiento en las cárceles para frenar la expansión del Covid-19 en esos recintos, al brindar ese beneficio a unos mil 300 reclusos.
La propuesta fracasó porque legisladores de derecha pretendían que fueran beneficiados también los reclusos de la cárcel de Punta Peuco, que cumplen penas por graves delitos por crímenes durante la dictadura (1973-1990) y al no conseguirlo votaron en contra por considerarla «discriminatoria».
En una solución que la oposición mira con profundo recelo, el presidente Sebastián Piñera anunció que enviará la semana entrante al Congreso, un «veto aditivo» para poder sacar adelante la iniciativa.
Al mismo tiempo pondrá máxima urgencia para que el Congreso someta a aprobación un proyecto de «ley humanitaria», presentado en 2018, que busca permitir que mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena, estén en riesgo inminente de muerte o sufran de invalidez total, puedan solicitar el beneficio conmutativo.
Consultado sobre si esta ley incluiría a presos por violaciones a los Derechos Humanos, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que «no se excluyen a las personas por haber cometido un delito determinado», lo que para muchos es un espaldarazo a los presos por crímenes de la dictadura.
Esta situación ha generado fuertes críticas desde la oposición, que ve un oportunismo político del oficialismo aprovechando la crisis sanitaria provocada por la pandemia.
Duras reacciones expresaron también organizaciones de derechos humanos, y Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, subrayó que «no estamos de acuerdo ni aceptaremos» que salgan ni por la pandemia ni porque sean viejos.
Lira advirtió que esos presos no presentan los problemas de los demás reclusos del país pues «tienen una cárcel especial en que no están hacinados, tienen recreación y el mejor hospital de Chile, que es el Hospital Militar o de Carabineros».
Por su parte, Carmen Hertz, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dijo que no resulta sorprendente «que intenten, aprovechando la pandemia y la crisis global, sacar a estos personajes en libertad. Es un agravio más que intentan propinarle a la sociedad chilena y a su memoria».
El Partido Progresista (PRO) por su parte, denunció en un comunicado que «se está en presencia de una maniobra del Gobierno y parlamentarios de Chile Vamos destinada a beneficiar con impunidad a violadores de los derechos humanos».
Víctor Osorio, vicepresidente del PRO, recordó que los pactos y tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos son categóricos al plantear que esos delitos son imprescriptibles, no amnistiables y no indultables.
Asimismo advirtió que si es necesario, ese partido recurrirá a organismos internacionales de derechos humanos para declarar de nulidad absoluta la ley humanitaria si se aprueba.
En relación con el controvertido tema, este sábado la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de amparo presentado por 29 militares condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco, que pretendían cumplir sus condenas desde sus casas.
Santiago de Chile, 5 de abril 2020
Crónica Digital/PL
