PARTIDO COMUNISTA DE CHILE INICIA SU XXIII CONGRESO NACIONAL

El presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, señaló ante cientos de dirigentes sociales, partidarios y figuras políticas la «necesidad de impulsar alianzas de fuerzas muy amplias» que confluyan «en el rechazo al neoliberalismo y se planteen un programa de profundas transformaciones democráticas y de justicia social en Chile».

«Tras ese objetivo nos proponemos alcanzar un nuevo tipo de gobierno, democrático, soberano, sustentado en una mayoría nacional activa y participativa», sostuvo el dirigente, tras hacer un balance crítico de los graves problemas que enfrenta el país.

Dijo que en lo inmediato, mediante la unidad y la lucha, se debe elevar la exigencia por ampliar los derechos de los trabajadores, destinar los elevados excedentes del cobre a políticas sociales y lograr justicia plena para las violaciones a los derechos humanos.

Llamó asimismo a defender los recursos naturales del país, que «hoy explotan en beneficio propio las grandes transnacionales», la biodiversidad y el medio ambiente, así como el derecho de los pueblos originarios a sus tierras y sus culturas.

«Queremos un gobierno que esté al servicio de las grandes mayorías en materias sociales, que termine con todo tipo de exclusión, e instaure una sociedad de plenos derechos para todos», insistió en medio de fuertes aplausos.

Teillier subrayó la lucha que tiene lugar por cambiar el injusto, antidemocrático y excluyente sistema electoral binominal, impuesto por el ex dictador Augusto Pinochet, que impide el acceso de su partido y otras fuerzas políticas y sociales al Congreso.

Destacó que entre 1973 y 1989 el principal obstáculo para las fuerzas democráticas populares fue el régimen militar, y la contradicción fundamental era clara: democracia o dictadura.

Aseveró que la política de rebelión popular, que implicó el uso de diversas formas de lucha, permitió revolver esa contradicción desplazando a Pinochet del poder, «pero el carácter pactado excluyó de la escena política a quienes encabezaron esa lucha».

Acusó a los gobiernos de la Concertación (1990-2006) de haber consolidado y profundizado el modelo neoliberal instaurado por la dictadura, con la privatización de las riquezas básicas y empresas estatales y su entrega a la voracidad de las transnacionales.

Recordó que durante ese período aumentaron las privatizaciones del cobre, nacionalizado por el presidente Salvador Allende en 1971. Del 85 por ciento que permanecía en manos del Estado al término de la dictadura en 1990, hoy apenas queda el 32,5.

Citado cifras oficiales, resaltó que las grandes compañías privadas, que en 2005 extrajeron el 63 por ciento del mineral, pagaron apenas dos mil millones de dólares como impuestos, mientras la estatal (CODELCO), con sólo el 32,5, aportó al fisco cerca de cinco mil millones.

«En otras palabras, por cada tonelada extraída por la Corporación Nacional del Cobre el Estado chileno recibió 4,3 veces más dólares que el aporte de las privadas, a pesar de que estas se llevan cerca de dos tercios de nuestras reservas», puntualizó.

Destacó que mientras las transnacionales obtienen utilidades cercanas a los cinco mil millones de dólares al año, en el país existen más de 800 mil indigentes, tres millones de pobres, 500 mil cesantes crónicos y 700 mil familias residiendo en viviendas precarias.

El proceso de discusión partidaria, incluyen asambleas, debates y discusiones de los temas planteados en la convocatoria desde las bases hasta la celebración del Congreso Nacional el próximo diciembre.

Santiago de Chile, 2 de julio 2006
Crónica Digital/PL
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DIPUTADOS DE LA CONCERTACIÓN CRITICAN POLÍTICA AMBIENTAL DEL GOBIERNO

Dom Jul 2 , 2006
Los senadores Guido Girardi, del Partido por la Democracia (PPD), y el socialista Alejandro Navarro, salieron al paso a recientes declaraciones de la poderosa Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), que agrupa a los empresarios nacionales, en torno a esta materia Bruno Philippi, presidente de ese gremio, arremetió contra la creación del Ministerio del Medio Ambiente, propuesto por la presidenta Michelle Bachelet, ante el temor de que el gobierno incorpore medidas proteccionistas en detrimento del «emprendimiento industrial». Ambos parlamentarios dijeron que esas declaraciones constituyen una «injerencia indebida» en la potestad del Gobierno, pero no dudaron en atacar también las políticas medioambientales de las administraciones concertacionistas. Girardi señaló que para la presidenta Michelle Bachelet «el tema ambiental no es una preocupación ni una prioridad» y la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso -a cargo del tema-, «tampoco tiene sensibilidad sobre estos asuntos». Dijo que la política ambiental de la Concertación ha sido un desastre porque está hecha para favorecer a los empresarios y afirmó que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA, ente estatal regulador) es apenas «una institución de papel». «La Conama es una institución de papel, de mentira. No tenemos una institucionalidad ambiental moderna, es hiperpolitizada, discrecional y fraudulenta», señaló Girardi, uno de los principales activistas medioambientales en el Parlamento. Navarro, por su parte, anunció la presentación de un proyecto de ley para crear un «síndico ambiental» y prometió jugarse para que el próximo Ministerio del Medio Ambiente sea «fuerte y poderoso», a la vez que tenga «adecuados contrapesos ciudadanos». Girardi se quejó asimismo de que las autoridades «defienden el patrimonio y utilidades de los grupos de interés, particularmente del mundo empresarial industrial, más que la vida de las personas». Santiago de Chile, 2 de julio 2006 Crónica Digital/PL , 0, 48, 3

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