En un comunicado de prensa los trabajadores de la salud señalaron que «Es sabido que en Chile cada año se realizan miles de abortos en mujeres de todos los estratos económicos y sociales, procedentes de todas las vertientes religiosas y políticas. Tales abortos, en la inmensa mayoría de los casos se llevan a cabo en condiciones de alto riesgo para la mujer».
«Es necesario hacerse cargo a la hora de debatir sobre el tema del aborto, que dicha medida es un recurso que debería estar dentro de las posibilidades a ofrecer a aquellas madres cuya vida está en riesgo producto de un embarazo complicado, situación que en muchos países es posible resolverla mediante el expediente del aborto con fines terapéuticos. De hecho, dicha posibilidad existía en Chile hasta 1989, momentos en que la Dictadura, en lo que constituyó otra de sus leyes de amarre, decretó el fin de esa posibilidad que nos permitió salvar miles de vidas de madres cuyos embarazos ponían en claro riesgo sus vidas».
Rechazaron las «visiones fundamentalistas» de diversos sectores políticos, las que «no contribuyen a una reflexión nacional que incorpore las distintas miradas que sobre el tema del aborto existen en el país y, desde esa perspectiva, nos parece que posturas extremas planteadas por personas que ejercen cargos públicos de elección popular sólo contribuyen a generar divisiones artificiales en la ciudadanía».
Un estudio realizado por Corporación Humanas en colaboración con la Universidad de Chile reveló que el 62% de las chilenas está por aprobar la idea legislar sobre un proyecto de ley que despenalice en algunos casos el aborto en Chile.
De acuerdo a las cifras entregadas, por ambas instituciones, el 75% está de acuerdo en que se legalice el aborto cuando corre peligro la vida de la madre; 71% por ciento de las mujeres aprueba el aborto cuando el embarazo es producto de una violación; 68,4% por malformación del feto y, el 20,4% en cualquier circunstancia.
Santiago de Chile, 19 de noviembre 2006
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