Uno de ellos, es el que refiere al actual sistema de representación y ejercicio del poder político.
Muchos historiadores, en Chile, concuerdan en considerar que entre 1933 y 1973, se produce en el país el mayor proceso de reformas democráticas, que hace emerger dos movimientos simultáneos:
a) La emergencia y visibilidad de mayorías nacionales que demandan al Estado desarrollista cambios en sus prioridades sociales, económicas y participativas.
b) El fortalecimiento de un Movimiento Popular que presiona, y logra, conquistar espacios democráticos y significativos cambios en la institucionalidad formal, lo que deriva en el incremento de la participación popular y formas de representación que aproximan al Soberano, el Pueblo, con las delegaciones y formas de representación del poder político.
En este contexto histórico, plagado y convulsionado por fuertes luchas sociales y políticas; marcado por el incremento de la representación electoral de la izquierda chilena, es que Salvador Allende y la Unidad Popular conquistan el Gobierno del Estado Nacional, en elecciones nacionales.
En el horizonte de este proceso estuvo planteada la necesidad política de refundar los sistemas de participación y de poder político, en la perspectiva de una nueva forma del ejercicio de la Soberanía Popular, asunto que quedó estampado en el proyecto de nueva Constitución Política de Chile, que Salvador Allende no alcanzó, ni pudo realizar.
En el ideario de Salvador Allende, así como en el de muchos países de nuestra América, en esas décadas, se entroncaron asuntos históricos fundantes: La República Democrática; un movimiento popular que podía conquistar el Socialismo con sello de identidad nacional; la batalla por la independencia nacional, que necesariamente se entroncaba con la conquista de la soberanía, por una sola América autónoma del poder imperial.
La Revolución Cubana, proceso encabezado por el Comandante Fidel Castro, se perfila como un gran paradigma de la lucha por la emancipación nacional y continental, pero visto desde la historia y desde la actualidad, es el hito que marca y sella el ideal martiano y bolivariano de integración continental, solo posible independiente de imperio.
Es en este período que surgen modelos y paradigmas de integración regional, pero que no alcanzan a tener estatutos político-institucionales de representación continental. La hegemonía de los sistemas regionales siguió en manos del imperio y sus aliados al interior de la propia región.
Desde esta perspectiva, hay un gran rescate que realizar, y por eso se puede decir que el proyecto de Allende, y el de su Pueblo, ES UN PROYECTO INCONCLUSO, PERO NO DERROTADO.
La contraofensiva imperial de los Estados Unidos, que impuso un nuevo ciclo en el continente, selló con un golpe de estado y con el terrorismo de estado, el once de septiembre de 1973, esta fragua que en el caso de Chile debe tener muy presente un proceso de acumulación de fuerzas que cursó en décadas de luchas, articulaciones político-sociales y conquistas electorales.
Sin embargo, el once de septiembre de 1973 marca un hito, es un símbolo: Comienza la contraofensiva imperial que impondría dictaduras militares y terminaría con las sociedades democráticas que, desde abajo, habían alcanzado en Latinoamérica espacios importantes para el desarrollo emancipador de sus pueblos.
En el Chile actual, desde su anatomía político-institucional, predominan aún las bases fundantes del sistema de dominación fraguado bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Un objetivo principal de este sistema es legitimar mecanismos de control que impidan, como ocurrió históricamente en Chile, que el Pueblo abra y conquiste espacios de poder, o adquiera representaciones en la institucionalidad política estratégica del Estado: el gobierno y el parlamento.
El sistema llamado binominal, en Chile, es el mecanismo a través del cual es imposible que sea elegido en el parlamento un candidato de fuerzas de izquierda, salvo que alcance una votación superior al 35% y cercana al 40% del distrito o de la circunscripción senatorial en la que postula.
Sin embargo, ese mismo sistema binominal, permite que los dos grandes bloques políticos que acordaron y pactaron la formas de la llamada transición chilena, eligan a sus candidatos en una especie de repartición gradual que prácticamente no da mucho sentido a las elecciones como proceso de formas de establecer representaciones.
El sistema binominal, que potencia y da bases de fundamento a los dos bloques políticos hegemónicos en Chile, tuvo y tiene como objetivo mantener la «política de los consensos», la «democracia de los acuerdos», como bases de gobernabilidad y estabilidad al modelo neoliberal, que permite la más feroz acumulación de capital especulativo-financiero, en medio de profundas desigualdades sociales.
Sin mecanismos de proporcionalidad institucional; sin formas de pluralismo; con un espacio mediático altamente concentrado, en ese contexto, las fuerzas emancipadoras y de izquierda chilenas han debido enfrentar desde 1990 hasta ahora una verdadera «jaula de hierro».
La mantención de poderes fácticos con rango constitucional, como el llamado «tribunal constitucional», con capacidad de veto a leyes aprobadas en el parlamento y designado por cuotas entre los reducidos estamentos del poder institucional; quorums definidos como «calificados» que implican, obligatoriamente, conformar unanimidades y mayorías entre los dos bloques para aprobar leyes, demuestran un hecho, más que una interpretación:
Y es que en Chile, realmente, no existe un poder legislativo acorde incluso a la tradición republicana que emana de la clásica separación de los tres poderes del estado.
El parlamento hace un ejercicio de simulación, bastante costoso para el país. Cada cierto tiempo, el pueblo delega en elecciones un poder a los parlamentarios. Sin embargo, el ejercicio del poder legislativo radica en las negociaciones que hacen los dos bloques hegemónicos, y que desde 1990 hasta hoy, implican que el eje de la política está dado por las negociaciones y los acuerdos entre el gobierno, como poder ejecutivo, y el bloque de derecha, sustento ideológico y político de la dictadura de Pinochet, y hoy legitimado como «sector democrático», producto de este mismo ejercicio que hemos descrito antes.
En ese proceso, el parlamento no juega un rol determinante. Vota las leyes, pero sobre la base de acuerdos ya preestablecidos.
Esta situación se expresa en toda la sociedad chilena, y especialmente en la contención de las demandas sociales y políticas que chocan con la «política de los consensos» de los dos bloques hegemónicos, los cuáles simplemente articulan una agenda gubernamental y legislativa de espaldas a esas grandes demandas nacionales por democratización y justicia social.
Es esta la explicación para entender las razones por las cuales en Chile se mantiene vigente la ley de amnistía impuesta por Pinochet, hecha para salvar a los violadores de los derechos humanos. Es esta la razón para entender porqué el pueblo Mapuche todavía no tiene reconocimiento constitucional como nación originaria. Es esta la causa que permite comprender que en Chile los estudiantes deben salir a las calles, tomarse sus colegios, protestar en todo el país, en un movimiento nacional de grandes magnitudes, para que recién sea acogida su demanda de construir una nueva ley para la educación nacional. Es esto lo que explica que exista una ley laboral que genera una sobreexplotación de los trabajadores, que hace que Chile sea uno de los países, en el mundo, con la más alta tasa de plusvalía generada por el trabajo humano, y con niveles por sobre el 60% de trabajo precario.
Tal como lo señala con toda justeza Muammar El Gadhafi, en El Libro Verde, los sistemas políticos occidentales (y esto es muy válidos para Chile) buscan separar al máximo, en esta época de la Humanidad, la delegación del poder y su representación social. Efectivamente, la soberanía queda simplemente al margen de los procesos sociales.
En Chile, una república que hasta 1973 configuró un estado formalmente democrático, de tres poderes institucionales, fue suplantada a través de un sistema de terror hacia un estado de control y coacción, en donde los sistemas de representación reproducen el ejercicio de la dominación política de dos bloques obligados a consensuar las políticas de estado, cuyo modelo es una economía heredada del período dictatorial anterior.
Esta es la institucionalidad que impide las transformaciones sociales.
Es lo que en Chile se llama «democracia protegida». La «jaula de hierro» heredada de la dictadura de Pinochet, que buscó terminar con décadas y décadas de historia republicana, democrática y popular.
En este contexto histórico-político, es que la izquierda chilena ha bregado por abrir espacios a la alternativa popular, con un programa emancipador de superación del neoliberalismo.
Junto a la lucha social, eje y centralidad de este proceso, la izquierda chilena ha participado en los procesos electorales para ampliar su incidencia. Pero esta participación ha tenido, también, una mirada estratégica, y es la de generar dinámicas que permitan la conquista de espacios de representación en el Parlamento, en el poder municipal, y con la perspectiva de ganar un gobierno nacional para las mayorías.
En la actualidad, este proceso se ha incrementado tácticamente con perspectivas importantes.
Puestos ante la disyuntiva, en las últimas elecciones presidenciales, el Partido Comunista y una expresión mayoritaria de la izquierda chilena decidió votar por la actual Presidenta, Michelle Bachelet, hecho que aseguró su triunfo en la segunda vuelta electoral ante el candidato de la derecha.
Pero este proceso, por primera vez desde el inicio de la llamada transición, a fines de la década de los ochenta, generó un cuadro político totalmente nuevo en Chile.
Esta izquierda, planteó a la entonces candidata presidencial, hoy Presidenta de Chile, y a su coalición, cinco puntos que refieren a cambiar el sistema electoral binominal; avanzar en los procesos judiciales para lograr plena verdad y justicia en las violaciones a los derechos humanos en tiempos de la dictadura de Pinochet; condiciones de mayor equidad para los trabajadores; respeto a la biodiversidad; cambios a la actual ley laboral y al sistema previsional, ejes de las condiciones de superexplotación actual.
Las propuestas de la izquierda fueron formalmente aceptadas, y hoy cursan en los debates nacionales que empujan procesos de democratización en los ámbitos políticos y sociales.
Sectores progresistas de la coalición de gobierno, la concertación, han respaldado este proceso democratizador.
La Central Unitaria de Trabajadores de Chile, CUT, ha respaldado este proceso, y ha convocado a la formación del Parlamento Social y Político que hace converger a fuerzas sociales y políticas que empujan por estas y otras transformaciones. Esta instancia, sin ser una expresión institucional, se ha transformado en una fuerza política de creciente legitimidad, dinámica y de gran influencia.
Ciertamente, los sectores de la derecha y del gran empresariado chileno, rechazan este proceso que se ha iniciado, y otros más abiertos a cambios lo ven con sospecha.
Sin embargo, lo relevante, es que este proceso puede desembocar en reformas importantes, a nivel social y político. Y lo más significativo, es que podría implicar que se rompa la «jaula de hierro» y, luego de más de treinta años, en Chile sean elegidos de nuevo parlamentarios de la izquierda y de las fuerzas emancipadoras.
Se trata de un proceso de fuerzas con intereses contrapuestos, y por ello es muy importante que, tanto las fuerzas de izquierda como el gobierno y la propia Presidenta de Chile, Michelle Bachellet, hayan planteado que, si no hay avance para lograr cambios en el Parlamento, entonces se convoque a un Plebiscito Nacional en Chile, para que sea el Soberano el que se pronuncie sobre el cambio al sistema binominal y otras grandes reformas que las mayorías reclaman.
Son señales promisorias que abren optimismo respecto de cambiar las formas de representación en Chile, y generan perspectivas para cambios sociales en beneficio de las grandes mayorías nacionales.
Por. Juan Andrés Lagos: El autor es Académico de la Universidad de Santiago, USACH, y de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS. Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Columnista del semanario El Siglo y subdirector del diario electrónico Crónica Digital.
Caracas, Venezuela, 14 de septiembre 2006
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