Los cuatro fueron condenados bajo la ley anti-terrorista a largas penas de prisión por tribunales castrenses al comienzo de la década de los 90, acusados de utilizar métodos de lucha violentos contra militares de la dictadura y sus aliados de la extrema derecha.
El ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, señaló ayer que la libertad brindada a cuatro reos, dada a conocer anoche mediante un comunicado del Ministerio de Justicia, es una «decisión de la autoridad de acuerdo a sus atribuciones».
«Aquí se ha hecho lo que se ha dicho: (Lagos) gobernará hasta el final de su período, va a hacer uso de sus atribuciones y aquellas personas que cumplen con estos requisitos, van a ser acreedores, si la autoridad así lo estima, de los beneficios que la ley permite», dijo.
Los liberados, que serán controlados periódicamente por una sección de la policía de prisiones, ya contaban con salidas de la cárcel y pertenecían a Mapu-Lautaro, una organización que combatió con las armas al régimen del ex dictador Augusto Pinochet.
El comunicado precisa que fueron favorecidos tras analizar «la incorporación gradual y progresiva al medio libre, la reinserción social lograda por las personas y el grado de rehabilitación» alcanzado.
Los favorecidos son Patricio Gallardo, detenido en 1991 y condenado por la muerte de un prefecto policial y por atentados a sucursales bancarias, y Carlos Silva Duncan, preso desde 1992 y condenado por los mismos delitos del primero.
Los dos restantes son Alvaro González Olivares, detenido en 1993 y Hugo Plaza Villarroel, preso desde 1992. Ambos fueron condenados por delitos considerados terroristas por tribunales militares que los juzgaron.
Otra treintena de ex presos políticos que combatieron militarmente el gobierno de Pinochet fueron favorecidos por un indulto aprobado en agosto del 2004, que posibilitó la liberación de quienes prosiguieron con acciones violentas aun después de 1990.
Las declaraciones del vocero fueron hechas en respuesta a críticas de la extrema derecha opositora que se oponían a la liberación de los encarcelados, aún cuando ya habían cumplido más de 10 años de prisión en cárceles de extrema seguridad.
Santiago de Chile, 21 de febrero 2006
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