Varios dirigentes políticos y sociales consultados por Prensa Latina coincidieron en que la muerte del ex dictador Augusto Pinochet el domingo pasado, lejos de enterrar el tema, volvió a resucitar polémicas sobre la huella que dejó entre los chilenos.
Primero, su nieto, el joven capitán Augusto Pinochet Molina, bautizado como Augusto III, sonó la alarma con un discurso altamente politizado alabando el régimen de su abuelo (1973-90) y criticando al actual poder judicial.
El oficial saltó la línea de mando al usar de la palabra durante las exequias militares de Pinochet, donde rabiosos «pinochetistas» abuchearon a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, la única representante allí del gobierno de Michelle Bachelet.
Por esa indisciplina, que la mandataria, primero, y el Ejército, después, calificaron de gravísima, el militar fue dado de baja.
El abogado de los derechos humanos Hugo Gutiérrez, por su parte, presentó una denuncia contra él ante un juzgado militar por los delitos de sedición impropia e incumplimiento de deberes militares debido a sus «amenazantes» declaraciones.
Asimismo, Amnistía Internacional en Chile pidió a las autoridades asegurar que la muerte de Pinochet no sea usada como excusa para continuar demorando querellas que pesan sobre otros veinte oficiales procesados por tortura, desapariciones y homicidios.
Menos de 48 horas después, surgió otro oficial, mucho mayor que «Augusto III», el general de División, Ricardo Hargreaves Butrón, quien había sido designado Comandante General de la Guarnición Ejército Metropolitana (Santiago).
El Comandante General del Ejército, Oscar Izurieta, le pidió la baja por formular declaraciones políticas, justificando el régimen de Pinochet, en la prensa de su región, en el extremo austral del país.
Entre otras cosas, Hargreaves Butrón, quien fue discípulo del fallecido ex dictador, dijo: «yo fui partícipe de la causa de Pinochet y la sigo compartiendo. Le debemos muchas cosas, no solamente como Ejército, sino como país».
Una organización de defensa de los derechos humanos del sur de Chile, denominada Dawson-2000, declaró hoy que su destitución debe ser valorada como un aporte a la democracia y la promoción de los derechos humanos en Magallanes y en Chile.
También criticó al general Izurieta por permitir que los funerales de Pinochet se convirtieran en «tribuna de propaganda para doctrinas anti-democráticas y de justificación a un régimen dictatorial caracterizado por masivas violaciones a los derechos humanos».
El presidente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, afirmó esta semana que la derecha política del país «se ha vuelto a pinochetizar».
Juan Pablo Letelier, senador del mismo partido, dijo que los crímenes del régimen de Pinochet deben ser condenados y no justificados, lo cual describió como «la tarea que está pendiente».
Esto -dijo- deja en evidencia que hay mucho pinochetismo en Chile. Hay un sector en nuestro país que es de una derecha muy extrema que ha justificado una dictadura.
Dirigentes políticos, sindicales y humanitarios, así como familiares de víctimas de la dictadura chilena, alertaron también sobre otros seguidores de Pinochet en diversos sectores.
Un dirigente religioso, que prefirió el anonimato, dijo a Prensa Latina que lo mismo se percibe incluso en la jerarquía eclesiástica chilena, aunque rescató la posición de rechazo a Pinochet de muchos religiosos de base y otros niveles de todas las confesiones.
El «pinochetismo» se nota hasta en las calles, pues -a pesar de las grandes marchas contra Pinochet- el alcalde de la acomodada comuna de Las Condes propuso esta semana rebautizar la Calle Burgos, donde reside la presidenta Bachelet, con el nombre de «Presidente Augusto Pinochet».
La idea fue rechazada por ser considerada «una provocación innecesaria, no sólo a la Presidenta sino a miles de chilenos».
Por Jorge Luna. El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 16 de diciembre 2006
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