El gobierno, mediante los ministros de Interior, Adolfo Zaldívar, y de Justicia, Isidro Solis, expuso ante esa instancia una propuesta alternativa para conceder beneficios carcelarios a un grupo de mapuches condenados el pasado año bajo la repudiada Ley Antiterrorista.
La discusión -donde también participó el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Jaime Andrade- no llegó a buen puerto luego que la derecha opositora anticipó su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo.
El encuentro fue anunciado el pasado miércoles como parte de un principio de acuerdo de todas las fuerzas políticas para reformar la polémica legislación, aprobada en la dictadura y aplicada en los últimos años contra mapuches que luchan por sus derechos ancestrales.
Para los senadores de la Alianza por Chile la propuesta, que consideran un profundo error, no se considera una solución integral para enfrentar la violencia que sacude la zona de la Araucanía, en el sur del país, donde habita la mayor parte de la comunidad indígena.
El senador Alberto Espina señaló que la iniciativa sienta un precedente nefasto al proponer que sentencias ejecutoriadas se cambien por ley, lo que -en su opinión- afecta gravemente el buen funcionamiento de las instituciones democráticas del país.
El legislador de la derechista Renovación Nacional, que representa los intereses del sector empresarial, advirtió que imponerse ese punto de vista, el Gobierno tendrá que asumir las consecuencias de que el resultado final es que seguirán cometiéndose actos de violencia.
Si bien reconoció que La Moneda tiene los votos para modificar la ley, señaló que el objetivo de la oposición es buscar un mecanismo que permita modificar las políticas públicas de la zona, a objeto de desterrar la violencia en su origen.
En igual sentido se pronuncio el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Hernán Larraín, al afirmar que «modificar la Ley Antiterrorista es una solución que puede corregir el problema de algunas personas, pero no va a resolver el problema de fondo».
«Tenemos que apuntar a ver cómo erradicar la violencia y cómo dar pasos concretos para resolver los problemas de pobreza, de marginalidad y de exclusión del pueblo mapuche», apuntó el legislador, tras adelantar que su partido trabaja en una propuesta propia.
«Creemos que el Gobierno está mal enfocado, porque está tratando de resolver un problema puntual. O resolvemos los problemas que causan la violencia o vamos a seguir exactamente igual, y nosotros no somos partidarios de la tesis del parche», subrayó.
La presidenta Michelle Bachelet reafirmó el pasado viernes durante la celebración del Año Nuevo Mapuche o We Tripantu su compromiso de impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
«No se trata sólo de pobreza, sino de hacernos cargo de las necesidades más urgentes de esas comunidades, de reconocer a los pueblos que son diversos, y hay una que es fundamental, la ampliación y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas», apuntó.
Bachelet dio una importante señal sobre otro de los puntos que debe involucrar una solución global al conflicto, además de los planteos de más tierras y más seguridad para las víctimas, adelantados por los senadores que buscarán el acuerdo.
La propuesta gubernamental para reformar la Ley Antiterrorista había sido bien acogida por la Federación Internacional de Derechos Humanos, que envió esta semana a Chile una delegación para seguir de cerca el desarrollo de la iniciativa.
Esa organización abogó por la necesidad de alcanzar una «solución global» para los presos y «establecer un nuevo clima en las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, basado en el diálogo constructivo y que respete a los estándares internacionales de los derechos indígenas».
Santiago de Chile, 28 de junio 2006
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